10 de mayo de 2026

Hemos de precisar el alcance internacional que formula un constante debate sobre su estatus jurídico, pues bien, al referirnos a una estructura “offshore”, estamos advirtiendo sobre aquel “sistema económico” que se sostiene sobre la base de una empresa, fundación privada, fideicomiso u otra entidad jurídica dentro de una jurisdicción extranjera, bajo la finalidad de administrar activos, como también, el ideal de generar operaciones transnacionales o separar diversos patrimonios.

Como toda exposición financiera, las transacciones de tipo criptográficas también se encuentran bajo un constante análisis, puesto que los últimos informes de “Chainalysis” han determinado que existe un elevado volumen de movimientos ilícitos (delito criptográfico). Por lo que, de manera estratégica se ha avanzado hacia la observación de aquellas actividades económicas.

La devolución de 3011 procesadores de criptominería devueltos por una jueza, con el aval de un fiscal fue solicitado por la Ande. El caso ya está para juicio oral, pero el objeto del proceso está desaparecido y el acusado está prófugo. El perjuicio supera los mil millones de guanraíes.


Bithumb, la plataforma surcoreana de criptomonedas, generó un revuelo monumental al erróneamente transferir más de 40.000 millones de dólares en bitcoin a usuarios, desatando una breve tormenta de ventas y revelando la fragilidad del mercado cripto.

El viernes 16 del agónico primer mes del 2026, el Gobierno de Santiago Peña publicaba los decretos 5306 y 5307, que establece el régimen tarifario para “industrias convergentes” y “Power to X”. La UIA reaccionaba de inmediato con un Comunicado de protesta. Le siguieron otras organizaciones del ámbito energético. Hoy, con la irrupción del especialista Ing. Nelson Cristaldo en defensa de la decisión del Ejecutivo, el debate se enriquece.