El concejal de Patria Querida, Álvaro Grau alerta nuevamente a la ciudadanía de la intención de lo que sería un nuevo endeudamiento para la Municipalidad de Asunción. Según el edil, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez logró que se incluyera en el orden del día de la Junta Municipal un nuevo pedido de préstamo.
El Senado la semana pasada se declaró en cuarto intermedio hasta hoy a las 09:00 para agotar el orden del día de la última sesión ordinaria el miércoles pasado, que entre otros puntos incluye un millonario presupuesto para la franja costera de Asunción. Se trata de un empréstito ya suscrito entre el Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un total de hasta US$ 105.000.000, para el financiamiento del proyecto de resiliencia urbana en la franja costera de Asunción, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas.
Al mes de julio el Estado pagó por la deuda pública un total de US$ 910,6 millones, monto que representa un incremento de 113,1% con respecto a lo abonado en el mismo periodo del año pasado.
El diputado liberal Carlos Pereira pidió que se auditen las deudas -por valor de US$ 550 millones- con las constructoras y farmacéuticas. Se debe conocer en concepto de qué corresponden y si no son una excusa para obtener nuevos bonos, afirmó.
Óscar Lovera, viceministro de la Subsecretaría de Estad de Administración Financiera de Hacienda, confirmó que al hacer el corte administrativo se cuantificó que el Estado tiene una deuda de U$S 550 millones con las farmacéuticas y empresas constructoras. El nuevo Gobierno presentará un proyecto de ley para un endeudamiento por el mismo monto, para la cancelación de esas obligaciones. Debido a esta situación, el déficit fiscal previsto para este año se duplicaría, según las previsiones.
En los últimos años, la pandemia y el calendario electoral han venido causando un estrago en el creciente déficit fiscal, que en este primer semestre llegó al 1,37% del producto interno bruto (PIB), y un aumento correlativo del endeudamiento público, que a fin de año alcanzará el 36% del mismo. La recaudación aduanera ha disminuido en tanto que los gastos rígidos han aumentado, debido a los reajustes salariales. Por de pronto, la política de gastos de la nueva legislatura sería similar a la irresponsable de la anterior, según surge de sus últimas actuaciones: ocurre que los legisladores no velan por el dinero de los contribuyentes, pues lo que más les interesa es congraciarse con grupos de presión de diverso tipo.