8 de octubre de 2026
El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso parte de premisas muy dudosas, cuando no directamente falsas, no cuenta con fuentes realistas de financiamiento, no introduce correcciones que encaminen el rumbo hacia el restablecimiento de la sostenibilidad fiscal, y con los aumentos que está agregando el Poder Legislativo, con anuencia del Gobierno, ante presiones sectoriales en tiempo electoral, el panorama es aún peor y más peligroso. No se puede augurar otra cosa que más déficit, más endeudamiento improductivo, menos inversiones y, tarde o temprano, mayores cargas e impuestos a la ciudadanía.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a octubre de 2025, el saldo de la deuda pública del sector público total ascendió a US$ 19.928,6 millones. Al desagregar por órgano pagador, la deuda de la Administración Central alcanzó US$ 17.645,7 millones, cifra que concentra 88,5% del total y equivale a 36,4% del PIB. En tanto, la deuda pública con garantía soberana sumó US$ 2.282,9 millones, con una participación de 11,5% sobre el total y 4,7% del PIB.

La deuda mundial continuó su escalada en 2025, impulsada por un nuevo aumento del endeudamiento tanto en economías desarrolladas como emergentes, de acuerdo con el más reciente estudio del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) publicado por Bloomberg. Para finales del tercer trimestre del año, el monto total de los compromisos financieros -sumando gobiernos, empresas, hogares y sector financiero- llegó a US$ 345,7 billones, lo que representa cerca del 310% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

En un panorama de evolución vibrante, el crédito al consumo en Paraguay ha escalado vertiginosamente, alcanzando G. 32,492 billones en 2025. Este fenómeno refleja tanto el crecimiento sostenido del financiamiento como los retos inflacionarios que persisten en el camino.

El Estado paraguayo se acerca al límite de su capacidad de endeudamiento y ante una creciente demanda de inversiones sociales. Ante esta realidad, debe recurrir imperiosamente a la inversión privada en las obras de infraestructuras susceptibles de algunas de las formas de asociación público-privada. Es decir, grandes inversiones, costo hundido, décadas de plazo.