El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya analizó 92 de las 155 causas de “aprietes” solicitadas a fiscales sobre los que se habría perpetrado tráfico de influencias de parte de Ramón González Daher. Quedan aún pendientes el análisis de otros 63 casos que aún deben ser contestados. También se reiteró pedido de informes a la Fiscalía General.
Lejos de aparentar una “Justicia independiente” a los ojos de gobiernos extranjeros, el año 2021 deja un tendal de políticos y hasta jueces que fueron blanqueados desde el Poder Judicial. Sobreseimientos y condenas irrisorias fueron la constante, varias de estas en setiembre último.
Pese a que los fiscales y jueces que se prestaron para el apriete de Ramón González Daher a sus víctimas de usura ya fueron mencionados en la imputación, el Ministerio Público dice ahora que hasta no tener la notificación de la condena en contra del clan usurero no podrá determinar la responsabilidad de cada agente y magistrado. Así lo afirmó hoy el fiscal adjunto de Central, Édgar Moreno.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su sesión plenaria del martes resolvió el apercibimiento de un juez de Yuty, enjuició sin suspensión a un juez de Filadelfia, absolvió a otros tres jueces y benefició a 16 operadores de justicia con el rechazo de denuncias y archivamiento de investigaciones preliminares.
Dos jueces y una actuaria de Alto Paraguay fueron imputados por el fiscal Luis Piñánez por supuestamente falsear actas sobre diligencias hechas en un inmueble en litigio de Fuerte Olimpo. La carpeta fiscal se remitió al juzgado penal de Garantías de Fuerte Olimpo, donde uno de los magistrados está como interino, por lo que la imputación debe remitirse a Bahía Negra, donde deben tramitar el proceso y remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Referentes de la sociedad civil organizada manifestaron su preocupación al ministro de la Corte Suprema y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Manuel de Jesús Ramírez Candia, porque la nueva ley del Jurado actúa como “blindaje” para los operadores de justicia, al no poder plantearse denuncias contra los mismos, solamente acusaciones. La Corte Suprema incurrió recientemente en un bochorno cuando en una sesión extraordinaria dispuso plantear acusación ante el Jurado contra una jueza, pero la ley ya no le faculta para hacerlo.