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El juez municipal retirado de Rhode Island y presentador del programa judicial “Caught in Providence”, Frank Caprio, murió este miércoles a los 88 años tras una “larga y valiente batalla” contra un cáncer de páncreas, informaron sus redes sociales oficiales.

El reciente asesinato de una niña de 11 años en Caazapá, aparentemente por parte de un hombre que ya habia sido denunciado y encarcelado años atrás por haber agredido sexualmente a la pequeña, conmocionó a toda la sociedad. Pero lo sorprendente es que el supuesto agresor gozaba de la libertad condicional otorgada por el juez local Osmar Baeza. Este había ordenado que el presunto feminicida quede en completa libertad, y como resultado, que resida a pocos metros de la vivienda de la víctima, dejando en peligrosa desprotección a una niña cuya madre ya había sido amenazada por el presunto autor. Por su parte, el fiscal interviniente Carlos Ramírez sostuvo que “No hace falta la autopsia”, la que sin embargo se realizó en Asunción y deslizó la posibilidad de que haya otro u otros participantes en el crimen. Lastimosamente, decisiones como las del juez Baeza son también tomadas por otros operadores de justicia, dejando en libertad a peces gordos o a delincuentes de “cuello blanco”.

SAN PEDRO. Se desarrolla con normalidad el juicio oral y público a Venancio Centurión Monges , acusado de asesinar a una adolescente de 17 años en junio de 2020, presuntamente en venganza contra su expareja. El proceso se encuentra en la etapa de declaración de testigos, mientras la comunidad y la familia de la víctima siguen de cerca el caso que conmocionó a la población.

Tanto magistrados como fiscales que participaban de concursos acudían al diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, para contar con su apoyo y llegar hasta el legislador y miembro del Consejo de la Magistratura (CM) Edgar Olmedo, con la finalidad de que, a su vez él los ayudara a integrar una terna. Los chats con los aspirantes dejaron expuesta la escandalosa repartija de cargos en juego.

Ángel Daniel Cohene, presidente de la Asociación de Magistrados, manifestó el desacuerdo de los jueces acerca de la eventual obligatoriedad de marcar entrada y salida en sus lugares de trabajo. El Colegio de Abogados está insistiendo a la Corte Suprema en la implementación de esta medida, que los jueces consideran populista e innecesaria.