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El Ministerio Público (MP) debe iniciar una investigación de oficio en contra del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), cuyo presidente es César Ruíz Díaz, por la amenaza de paro desde el 20 de mayo último. Así lo afirmó el abogado Ezequiel Santagada, quien además señaló que lo que hacen estos colectiveros “son hechos punibles de acción penal pública que no dependen de la instancia de la víctima”.
Resaltó que la ley 6789, promulgada en 2021, establece que las “amenazas o extorsiones de no prestar el servicio” serán consideradas como coacción, penada en el artículo 120 del código penal, y perturbación de servicios públicos, penada en el artículo 218 del código penal.
En este sentido, el abogado acotó que el delito de coacción prevé una pena privativa de libertad de dos años o multa y la perturbación de servicios públicos, cinco años.
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“Quien presta un servicio público tan sensible como el transporte público no puede estar ‘matoneando’ con suspenderlo. Tiene todas las demás vías de negociación, pero no puede poner de rehén a la gente. La ley es clara, eso es un hecho punible. Le convendría (a Cetrapam) recular de inmediato”, acotó.
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Silencio de titular de Cetrapam y viceministro de Transporte
Este diario intentó hablar con el titular de Cetrapam, César Ruíz Díaz, para consultarle sobre la violación de la ley vigente en la que incurrieron por la amenaza de paro que están realizando, pero no nos respondió.
Desde el viernes de la semana pasada, ABC Color también está consultando al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, respecto a la no aplicación de la ley 6789, que además de sancionar la amenaza de paro también castiga las reguladas. Empero, el alto funcionario evita dar declaraciones sobre el tema, pese a insistencias.
En el departamento de prensa del Viceministerio de Transporte (VMT) solo manifestaron que Fernández estaba con “muchos compromisos laborales” y que por eso aún no está pudiendo atender la consulta sobre la normativa en cuestión.
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Justamente, ante la falta de acciones concretas del VMT para hacer cumplir las leyes, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) confirmó esta semana que los abogados del gremio están trabajando para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los transportistas. Asimismo, presentarán un amparo constitucional que obligue a los colectiveros a prestar servicio, según confirmó la vocera del gremio, Griselda Yódice, quien informó ayer que fueron convocados para una reunión con las autoridades este lunes a las 15:00.
“En caso de que tales empresas del transporte realicen la ilegal y coercitiva medida de paro, estas deben ser sancionadas y sus responsables enjuiciados como estipulan las leyes. Exigimos que el Estado cumpla con su rol y corte con los atropellos hacia la ciudadanía”, resalta un escrito que Opama remitió al VMT esta semana.
Exigen participar en negociación
La Opama exigió a las autoridades que puedan participar en las mesas técnicas y de negociación con los transportistas. “No pueden seguir ignorando la presencia ciudadana en espacios tan importantes y deliberativos, un derecho consagrado y constantemente ignorado por las autoridades, especialmente en las mesas de negociación entre el Gobierno y las empresas de transporte con respecto al paro”, exhortaron, vía nota, al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.