Sigue el chantaje de los transportistas, mientras Gobierno presenta confuso plan

El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), liderado por César Ruiz Díaz, sigue con la amenaza de paro desde el 11 de junio próximo, luego de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) haya suspendido la medida anunciada por 22 días. Este aplazamiento se concretó el 17 de mayo último, pero a una semana de la “tregua” no se vislumbra un posible acuerdo del Gobierno con los empresarios del gremio citado, que maneja el 75% del transporte público de pasajeros. Mientras tanto, los usuarios son los que más están sufriendo por las reguladas.

Los usuarios del transporte público son los que siguen sufriendo por las reguladas.
Los usuarios del transporte público son los que siguen sufriendo por las reguladas.virgilio vera

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Si bien el Gobierno ya cedió en la mayoría de los cinco puntos que reclama Cetrapam, como el pago del subsidio retrasado y la actualización de algunos coeficientes de la tarifa técnica del pasaje, todavía no logran consensuar algunos ítems que hacen a la estructura del precio del boleto, que según Cetrapam, requiere una actualización en el costo de repuestos y accesorios y en el consumo de los combustibles.

Pero el punto que más están presionando los transportistas es que se les renueven los permisos por otros siete años, sin licitación. La actualización de las licencias se viene haciendo sin competencia desde hace décadas y se renueva cada siete años a las empresas, según Cetrapam, conforme a lo establecido en la Ley Nº 1590/2000 y sus modificatorias. Empero, dicha normativa también prevé la realización de llamados para otorgar las concesiones pero, al parecer, los gobiernos de turno solo prefirieron ampliar la vigencia de las licencias a pesar del pésimo servicio que los colectiveros brindan a la ciudadanía.

El exviceministro de Transporte Víctor Sánchez, destituido del cargo en abril de 2023 por el escándalo de los pasajeros fantasmas, incluso puso en vigencia la resolución N° 161, de fecha 22 de setiembre de 2022, con la cual se establecieron requisitos mínimos para renovar los permisos a los transportistas. Por ejemplo, el documento en cuestión no garantiza un servicio eficiente, pero sí establece que las renovaciones deben ser otorgadas por siete años. Justamente Cetrapam, o al menos 10 de las empresas del gremio cuyos permisos vencieron, pretenden que esta resolución sea el “marco normativo” para que se les renueven sus licencias por otros siete años más sin licitación y sin mejorar el servicio que ofrecen.

Sin embargo, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, adelantó a ABC Color que las renovaciones de los permisos se otorgarán como máximo por un plazo de un año y medio, debido a que ese es el plazo requerido para la implementación del plan de “transformación” del transporte público.

Confuso plan del MOPC

Centurión adelantó en una entrevista con ABC Color respecto al plan que pretende llevar adelante el Gobierno para “modernizar” el sistema de buses, lo cual se está plasmando actualmente en un proyecto de ley. La ministra explicó que se busca que el Estado adquiera al menos 1.000 buses, a través de una licitación. Asimismo, dijo que la operación de estos colectivos que serán adquiridos se otorgarán a diferentes empresas por medio de otros llamados.

Pero la ministra no quiso adelantar la inversión que realizará el Estado, ni dar mayores detalles del proyecto, pero resaltó que el presidente de la República, Santiago Peña, anunciará el proyecto a la brevedad. ¿El Estado regalará o arrendará los buses a las empresas? ¿Cómo se elegirán a las empresas operadoras de los buses? ¿Se cambiarán las fórmulas de cálculo de la tarifa técnica del pasaje al adquirir el Estado los buses? ¿Seguirán los subsidios con la transformación? son solo algunas de las preguntas que el MOPC debe responder.

Tras darse a conocer el confuso plan del Gobierno, el miedo principal de la ciudadanía es que el Estado ahora “regale” buses a las mismas empresas que hoy solo están preocupadas en aumentar sus ganancias y no mejorar el servicio. “Hasta ahora todos los anuncios no pasan de discursos y propaganda. Nada concreto. Hemos consultado en cada oportunidad que tuvimos pero hasta ahora ninguna respuesta clara”, expresó Griselda Yódice, de la organización de pasajeros Opama.

Taiwán donará buses eléctricos al país

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, insistió en la importancia del plan de reforma como solución al problema del transporte público en el área metropolitana de Asunción. Pero tampoco responde las preguntas claves y solo dijo que la transición a un transporte modernizado se concretará en un plazo aproximado de un año y medio, cuando desembarquen en el sistema los primeros buses adquiridos por el Estado. A esto se sumarán los primeros 30 buses 100% eléctricos de carga rápida que donará al país el Gobierno de Taiwán.

“Apuntamos a una flota con 1.000 buses en operación. Para alcanzar y superar este desafío, estamos rediseñando el sistema, siendo garantes de las adquisiciones y de las alianzas público-privadas”, manifestó. En esa línea, explicó que el Gobierno invertirá en la compra de los buses que estarán a disposición de las empresas a través de un contrato de operación del material rodante. Además, resaltó que esta adquisición permitirá al MOPC avanzar en la modalidad de “mayor costo-beneficio para el Estado paraguayo”, pero no explicó de qué manera.

“Los ciudadanos ya no pueden estar esperando el bus por más de una hora y encima viajar abarrotados, o estar con la incertidumbre si todavía pasan colectivos por la noche”, puntualizó sobre la deficiencia que pretende revertir con soluciones responsables. Asimismo, Fernández mencionó que otros de los desafíos son la frecuencia operativa, utilización de rutas, tarifas técnicas, calidad del servicio, monitoreo de control, información online, entre otros. No obstante, aseveró que la tarifa integrada representará “un alivio en el bolsillo del pasajero”, porque con el pago de un pasaje podrá movilizarse y ahorrar más”, refirió.

Buses

Pretenden que el Estado adquiera al menos 1.000 buses, a través de una licitación, y que su operación se otorgue a las empresas.

victor.ferreira@abc.com.py

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