En 2007, el ciudadano Daniel Vargas Télles quiso saber de la Municipalidad de San Lorenzo cuántos funcionarios y contratados tenía, cómo se llamaban, qué hacían y cuánto ganaban. Como el pedido no fue satisfecho y la consiguiente acción de amparo fue rechazada en primera y en segunda instancia, la Defensoría del Pueblo planteó en 2008 una acción de inconstitucionalidad, resuelta favorablemente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cinco años más tarde (!): se fundó en que el art. 28 de la Ley Suprema dice que “las fuentes públic...