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Una vez más la ineficiencia de la Industria Nacional del Cemento (INC) fue evidenciada porque de nuevo tuvo que comprar, en febrero de este año, 10.000 toneladas de clínker (principal insumo del cemento) bajo la modalidad de excepción, por urgencia impostergable.
La compra se realizó de esta forma porque el horno de Vallemí de la cementera pública sigue sin producir lo que la estatal necesita, razón por la cual debió adquirir el producto de Yguazú Cementos, de la familia Bogarín. Esta firma es competencia directa de la empresa pública en el mercado nacional.
El monto adjudicado a Yguazú fue por G. 10.615 millones por la compra de 10.000 toneladas de clinker, es decir, G. 1.061.500 por tonelada, o sea US$ 150 por tonelada al tipo cambio actual. Este precio está muy por encima del que viene pagando la estatal por este producto, que fue de US$ 125 en un contrato del 2021 y US$ 107 en 2020.
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Pero no solo el precio elevado resulta llamativo en las gestiones de la actual administración de la INC, sino que también siga comprando clínker, hecho que evidencia el fracaso de la “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en la estatal, tanto en su planta de Villeta como de Vallemí durante el Gobierno de Horacio Cartes y que continuó durante el actual Gobierno.
Con esa inversión, la estatal debía estar produciendo clínker suficiente en Vallemí (donde tiene piedra caliza para producir durante casi 1.000 años), pero que debido a su inoperancia sigue comprándolo. Debido a esta situación, la estatal sigue sin despachar las 90.000 bolsas de cemento por día, que se había prometido y, con suerte, entrega apenas 35.000 bolsas por día. El viernes último, en un recorrido por la planta de Villeta, se pudo corroborar que hasta el mediodía la estatal no proveyó cemento a sus clientes.
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INC: Contraloría evidenció fracaso de las “inversiones”
Esta ineficiencia de la INC fue revelada nuevamente en una auditoría de cumplimiento de la Contraloría general de la República (CGR) a la gestión de Ernesto Benítez, actual titular de la cementera, en la que la institución de control comprobó que en el 2021 la empresa pública registró la producción más baja de clínker en toda su historia, debido a las constantes paralizaciones de su horno de Vallemí, donde se invirtió una parte importante de los bonos.
“Durante el ejercicio fiscal 2021 el horno III (de clinkerización) tuvo paradas por un total de 4.355,36 horas, equivalente a 181,48 días, produciendo durante el tiempo de funcionamiento un total de 318.860,47 toneladas de clínker, que con respecto a la capacidad nominal de producción (600.000 tn/año) representó el 53.23%”, se lee en el informe de agosto del 2022.
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Además, el documento señala que las continuas paradas del horno III “incidieron en la producción de materia prima (clínker), necesaria para la elaboración del cemento, por lo que los ingresos por ventas de productos se vieron disminuidos en el ejercicio fiscal 2021 y consecuentemente la rentabilidad de la empresa”.
Esta realidad sigue en la estatal hasta hoy, porque debe recurrir a costosas compras de clínker para producir cemento. Sin embargo, el presidente de la empresa dijo a este diario que la última compra del insumo de la cementera de los Pettengill fue por “cuestiones climáticas” y disponibilidad de pet coke (combustible del horno de Vallemí).
“Se estaba agotando nuestro clinker y para no llegar a una rotura de stock compramos de Yguazú”, expresó el titular de la cementera pública a este diario. Incluso enfatizó que “la estatal tiene una capacidad limitada de producir clínker” y que “tiene una capacidad superior de producir cemento”.
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Fiscalía no ve delito
Pese a que la Contraloría advirtió sobre el fracaso de la inversión de los bonos y las constantes paralizaciones de las máquinas que costaron millones, la fiscalía hasta ahora alega que no halló indicios de hechos punibles en este caso. La causa abierta está en manos del fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, desde diciembre del 2019.