Luego de mantenerse en silencio, finalmente el presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, se pronunció ayer sobre los informes de la auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) realizó el año pasado a su gestión, en la que se descubrió un posible perjuicio patrimonial por G. 2.173 millones en la empresa pública que administra, concretamente en el contrato del montaje del “ventilador tiro horno de Vallemí”.
Dicho informe fue reportado esta semana por el ente de control al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón. “Creo que la Contraloría se tomó más con nosotros porque yo hice cuestionamientos a ellos por la forma hicieron ese trabajo, porque la Contraloría tiene mucha experiencia en auditorías de obras viales, obras civiles y esta fue una obra industrial, algo completamente diferente a otro tipo de emprendimientos o de obras que se hacen”, expresó.
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En este sentido, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Auditoría Forense de la CGR encontraron indicios de daño patrimonial en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se concretó en el año 2021.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre del 2020. A este monto, se sumaron G. 1.002 millones más, a través de la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó a G. 9.379 millones.
Todavía no pagó todo el contrato, señaló
En este sentido, Benítez señaló que todavía no pagó el monto total del contrato a la empresa en cuestión y que esperará que la Fiscalía investigue al respecto para “ver qué hacer”. En este sentido, coincidentemente, señaló que el monto que falta pagar a CIE está cercano al monto que la CGR consideró como posible daño patrimonial. “Nosotros encontramos que la interpretación que ellos (CGR) hicieron sobre la ejecución es diferente con lo que nosotros pautamos con la empresa”, indicó.
En este sentido, enfatizó que las obras industriales “se hacen por kilo o en toneladas” y que, en este caso, la INC tenía que demostrar que se hizo un trabajo equivalente a 80.000 toneladas. Resaltó que si depende de su administración se debe pagar la totalidad del contrato a CIE.
Respecto al contrato con la empresa Optimus, Proyectos y Ejecución de Inversiones SRL, de Luis Adolfo Rodríguez Coronel, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un Sistema de Filtrado Automático de Agua Cruda para el CIP Villeta y Planta Industrial de Vallemí”, que según denuncian no funcionan, dijo que los problemas que existieron en un principio fueron subsanados. En este caso la estatal gastó G. 2.850 millones.