MOPC pagó más de US$ 100 millones por el inservible acueducto del Chaco

El MOPC pagó más de US$ 100 millones por las 15 contrataciones que hicieron para diseñar, construir y fiscalizar el inservible acueducto del Chaco, según informó la institución. Todos los contratos tuvieron incrementos e incluso uno de ellos registró un sobrecosto de más del 60%, muy por encima de lo que permite la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Las comunidades chaqueñas sufren por la falta de agua, mientras el MOPC aún no tiene una solución para el fracasado acueducto.
Las comunidades chaqueñas sufren por la falta de agua, mientras el MOPC aún no tiene una solución para el fracasado acueducto.Natalia ORtiz

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pagó G. 735.409 millones (más de US$ 100 millones al cambio actual) a los 15 consorcios que se encargaron de construir, fiscalizar y diseñar el inservible acueducto del Chaco (fase 1, 2 y 3), según informó la carterade Estado a través de un pedido de reconsideración que realizó este diario en el portal de acceso a información pública.

Todos los contratos tuvieron aumentos respecto al monto adjudicado en el orden del 20% que permite la ley de Contrataciones Públicas y, en algunos casos, el incremento sobrepasó el 60%, muy por encima de lo que permite esta normativa, con la excusa de que se financiaba con multilaterales, cuyas “políticas” evaden las leyes locales (ver modificaciones de los montos adjudicados en la infografía).

Los contratos se adjudicaron y se ejecutaron durante los Gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero las “inversiones” realizadas cayeron en saco roto, pues el agua sigue sin llegar a las comunidades que debían beneficiarse con el plan. La fallida obra salpica la gestión de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens y, en la última etapa, a Rodolfo Segovia.

La palada inicial se realizó en 2012 y, en ese momento, se informó que el proyecto iba a costar US$ 50 millones. Empero, hasta ahora se gastó el doble de lo previsto para “ampliar” la red a varias comunidades, que siguen sin recibir el vital líquido. Ante esta situación se continúa gastando recursos públicos para que el agua llegue en camiones cisternas, un sistema de transporte de agua muy ineficiente.

La fase 1 del plan, que se inició durante la presidencia de Franco, tuvo un costo de G. 432.282 millones (US$ 58,8 millones al cambio actual) y es el tramo que ya se probó y que no sirve, según el MOPC. En esta etapa se hicieron las construcciones para la captación y tratamiento de agua del río Paraguay en Puerto Casado, con una conducción (acueducto) de 203 km de extensión hasta un reservorio que se erigió en Loma Plata.

Once empresas se encargaron de las obras, la fiscalización y el diseño de la fase 1 (ver infografía) y solo funcionó un tiempo durante el 2022, tras constantes reparaciones. Las fiscalizadoras, al parecer, ni se enteraron de una mala ejecución de los trabajos.

Contratos rescindidos de la fase 1 del fallido plan

De acuerdo con los datos, la instalación de tuberías y accesorios del tramo 1 del acueducto desde Puerto Casado hasta el Km 101,4, estuvo a cargo del Consorcio PS, representado por Óscar Soler Heisecke, al que se le pagó G. 38.324 millones.

La colocación de las cañería y accesorios del tramo 2, desde el km 101,4 hasta Loma Plata, estuvo a cargo del Consorcio ABH SA-Taivo SA-Constructa SA, representado por Nelson Chaves, que cobró G. 32.426 millones.

Ambos contratos fueron rescindidos durante el Gobierno anterior, según informó la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, pero aclaró que las empresas recurrieron inclusive ante la Corte para evitar la cancelación de sus contratos. Hace algunas semanas, la justicia salió a favor del MOPC y se pudo oficializar la rescisión con las dos empresas, afirmó la titular del MOPC, el jueves último.

Asimismo, aclaró que el Consorcio PS apeló, pero que ya se pudo cerrar el trato con ABH SA-Taivo SA-Constructa SA, cuya póliza de fiel cumplimiento del contrato se pudo recuperar, por un valor de G. 3.300 millones, es decir, apenas un 10% de lo que se pagó en total a la firma.

Las empresas mencionadas se encargaron de instalar las cañerías que fueron proveídas por tres empresas, que son Otek Argentina (ex Amitech), Edra Saneamiento (Brasil) -cuyo contrato se rescidió pese a que se le pagó G. 78.326 millones-, por lo que Otek Argentina de nuevo fue adjudicado de nuevo para cumplir con la provisión de tubos de este tramo.

En 2018 se adjudicaron las obras complementarias de la fase 1, para el montaje del sistema de automatización y operación del acueducto, al Consorcio Aguas para el Chaco (Covipa SA, Sociedad Constructora Chaco SA, T.E.I.S.A.) por G. 54.779 millones, pero se le terminó pagando G. 65.583 millones. Según Obras Públicas, de lo invertido en la fase 1, por ahora, solo funcionan la planta de tratamiento, las estaciones de bombeo y el reservorio.

Sobrecosto de más del 60% en fase 2 del plan

La fase 2 y 3 del acueducto del Chaco se inició durante el gobierno de Horacio Cartes y las obras concluyeron en un 100% durante la administración de Mario Abdo Benítez, pero aún no las pueden probar debido al fracaso de la fase 1, según Obras Públicas. Esta parte se adjudicó por G. 203.568 millones, pero el MOPC terminó pagando G. 303.126 millones (US$ 41,2 millones) al adjudicatario tras los sobrecostos.

La construcción de las fases 2 y 3 estuvo a cargo del Consorcio Chaco, integrado por la firma argentina Rovella Carranza y la empresa local Talavera y Ortellado SA, representado por Ezequiel Romano. Este grupo se encargó de los trabajos de conducción y distribución de agua a los centros urbanos del Chaco Central (Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Villa Choferes del Chaco, Tte. Irala Fernández y Lolita), así como a las comunidades indígenas y poblados del área de influencia.

El contrato con dicha firma para la fase 2 fue por G. 143.334 millones, pero se le terminó pagando G. 233.582 millones. Esto luego de que el monto del contrato se haya aumentado más del 60%, según los datos proporcionados por Obras Públicas, lo que se debió a la ampliación del acueducto hasta Mariscal Estigarribia.

El sideral aumento se autorizó porque esta etapa se financió con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que se evadió el tope de aumento que permite la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

La fase 3 también fue ejecutada por el mismo grupo, a través de otra contratación, y consistió en la construcción de redes de abastecimiento de agua potable a comunidades indígenas y localidades menores, como cañerías de distribución y tanques elevados. Por esta última etapa del acueducto el consorcio cobró G. 48.700 millones, tras un aumento del 18% de su contrato.

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