Los sindicatos de choferes iniciaron ayer la huelga de 48 horas, que se extenderá hasta hoy miércoles 17 de diciembre. Si bien la medida afectó a varios usuarios del transporte público, no tuvo el impacto esperado luego de que el Gobierno advirtiera con sanciones a las empresas que no cumplieran con el 60% del servicio mínimo.
Solo las empresas Automotores Guaraní S.R.L., que opera las líneas 14 y 47; Transporte y Turismo Lambaré S.A., responsable de las líneas 23, 24 y 33; Transporte y Turismo Aldana S.A., con las líneas 10, 21 y 96; y Transporte y Turismo De la Conquista S.A., a cargo de las líneas 8 y 31, se sumaron a la medida de fuerza, aunque cumpliendo con lo exigido por la autoridad.
Esto permitió que el plan de contingencia cubriera parte de la demanda, aunque muchos trabajadores optaron por trasladarse en plataformas y principalmente en motocicletas, que coparon las calles, para llegar a sus lugares de trabajo.
Viceministro minimizó el impacto de la huelga
Desde las primeras horas del martes, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, junto a su equipo técnico, monitoreó el desarrollo de la huelga a través de los sistemas de control del Viceministerio de Transporte (VMT), a fin de verificar el cumplimiento del plan de contingencia y garantizar la movilidad de la ciudadanía en el área metropolitana.
Según los reportes de monitoreo en tiempo real, alrededor de las 6:00 se registraban aproximadamente 800 buses en circulación, cuando en un día similar de la semana pasada operaban cerca de 1.000 unidades. “Tenemos unos 200 buses menos en circulación respecto a un día normal, y el plan de contingencia está diseñado para cubrir justamente esa diferencia”, explicó Fernández.
Lea más: Usuarios entre la espada y la pared: reguladas, huelga y tarifas altas de plataformas
En ese contexto, el viceministro destacó que incluso empresas cuyos sindicatos habían anunciado su adhesión a la huelga mantuvieron sus unidades operando con regularidad. Esto era de esperarse, ya que el VMT notificó previamente a los gremios sobre la Resolución N.º 115, que obliga a garantizar al menos el 60% del servicio durante la medida de fuerza, al considerar el transporte público como un servicio imprescindible.
La resolución se sustenta en la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, cuyo artículo 47 faculta a la administración a determinar otros servicios imprescindibles cuya interrupción represente un riesgo significativo para la comunidad. En ese marco, la Resolución MOPC Nº 1079/2025 declara al transporte público de pasajeros como servicio público imprescindible, estableciendo la obligatoriedad de garantizar su funcionamiento en caso de huelga.
Desde el Gobierno advirtieron que el incumplimiento del servicio mínimo podría derivar en la declaración de ilegalidad de la huelga por parte del Poder Judicial, con consecuencias laborales para los trabajadores involucrados, además de multas para las empresas que no respeten la normativa.
Pese a amenazas, participación fue del 70%, según choferes
Por su parte, el dirigente sindical Gerardo Giménez afirmó que, pese a las advertencias oficiales, los choferes lograron llevar adelante la medida de fuerza y ratificó la continuidad de la protesta. Sostuvo que los gremios incluso superaron la expectativa de participación. “Creemos que, a pesar de la amenaza del Gobierno, estamos llegando al 70% de participación”, afirmó.
Giménez señaló además que los trabajadores se movilizaron hasta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que este miércoles volverán a concentrarse para continuar con las manifestaciones, a la espera de una convocatoria del Poder Ejecutivo. “Ojalá que todo se desarrolle de forma tranquila”, expresó.
Lea más: Tras caldeada tripartita, choferes van a huelga desde hoy y más de 100.000 usuarios se ven afectados
Durante la jornada, los choferes realizaron movilizaciones por el microcentro de Asunción y llegaron hasta la sede del MOPC para exigir el veto parcial del plan de reforma del transporte. En tanto, usuarios señalaron que incluso en un día normal, sin huelga, suelen esperar largos períodos para abordar un colectivo, debido a las deficiencias del servicio.
Los manifestantes reclaman la destitución del viceministro Fernández y el veto parcial de los artículos 20, 39 y 45 de la ley de reforma, que —según los gremios— ponen en riesgo la estabilidad laboral de miles de choferes.