Mientras el Gobierno exhibe el segundo Grado de Inversión como un trofeo de gestión y una señal de confianza internacional, el análisis interno revela grietas que no aparecen en los números macroeconómicos, pero sí en la calidad de la República.
Para el ex jefe de Gabinete de la Gobernación del Alto Paraná (2019 - 2021), el economista José Ayala Cambra, esta nueva calificación “no es un logro coyuntural” ni exclusivo del gobierno de Santiago Peña, sino el resultado de décadas de trabajo técnico, liderado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Finanzas).
“Es un trabajo de diversos gobiernos. De décadas de ordenamiento fiscal y de un trabajo muy serio en el sector financiero”, apuntó. Esta inercia positiva actúa como un “blindaje”: los fundamentos macroeconómicos son tan sólidos que logran, por el momento desacoplarse de la degradación política.
“Decir que la política es mala de por sí sería injusto; el mensaje del grado de inversión es fuerte: no estamos haciendo todo mal”, reconoció.
Según su análisis, esta distinción es lo que permite que los mercados sigan operando con relativa normalidad y que el tipo de cambio se mantenga estable, ya que el inversor extranjero percibe conflictos internos de poder, pero no un colapso del funcionamiento del Estado.
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El desafío institucional
Para el analista, la discusión actual no debe centrarse en si la “mala política” destruirá la economía en el corto plazo —algo poco probable dado el blindaje técnico—, sino en cómo el abuso de una mayoría política circunstancial está degradando las reglas de juego.
Consultado sobre los riesgos que enfrenta el país, Ayala Cambra diferencia la inestabilidad política tradicional del fenómeno actual: un poder hegemónico que opera sin contrapesos.
“El riesgo para la institucionalidad tal vez está en ese desequilibrio que se dio a partir de las últimas elecciones generales, donde un sector político tuvo una mayoría muy grande”, explicó en entrevista con ABC.
Al referirse al escenario político, advirtió sobre la existencia de “un grupo mayoritario que está forzando y atropellando varias normas”.
Ilustró esta degradación con los ejemplos de los casos de Kattya González y el de Miguel Prieto, ambos destituidos de sus cargos tras procesos impulsados por el cartismo, que tensaron la institucionalidad.
Pese a la gravedad de los atropellos citados, matizó el escenario diferenciando el “ruido político” local de la inestabilidad sistémica que sufren países como Perú o Venezuela, donde existen rupturas del orden democrático.
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La verdadera bomba de tiempo
Más allá de los polémicos proyectos que nacen desde el Congreso Nacional o de las disputas por espacios de poder, el economista cerró su análisis desplazando el foco de atención sobre el verdadero riesgo para la estabilidad futura de Paraguay. Dijo que el mismo no vendrá de la política partidaria, sino de la fractura social.
Ayala Cambra menciona que el problema de fondo radica en la existencia de un segmento ciudadano que permanece “desacoplado” del sistema productivo moderno.
Desde la perspectiva del profesional, el éxito de los indicadores financieros no se traduce automáticamente en bienestar, ya que una franja significativa de la población permanece ajena a los beneficios de esta estabilidad.
Alertó sobre la existencia de una amplia franja de la población que, si bien estadísticamente ha superado la línea de pobreza, permanece en una situación de gran fragilidad financiera.
Se trata de una clase media emergente, pero sin “colchón”, para la cual cualquier evento imprevisto —desde un grave problema de salud hasta la pérdida temporal de empleo— supone un retroceso inmediato.
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“Es un sector que salió de la pobreza, pero ante cualquier shock externo, como que se enferme un pariente o una gripe fuerte que afecte los ingresos, caen otra vez”, graficó para ilustrar la volatilidad del bienestar en los hogares paraguayos.
Bajo su óptica, la tensión silenciosa acumulada por esta desigualdad estructural, representa una amenaza mucho más latente, explosiva y difícil de desactivar a largo plazo, en comparación a cualquier crisis de gabinete pasajera o los habituales escándalos parlamentarios.