Lo que inicialmente fue una mora administrativa en el pago de obras y servicios ya ejecutados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) terminó derivando en la paralización de trabajos en hospitales de distintas regiones del país, de acuerdo con una denuncia recibida por ABC Color.
El reclamo lo hacen las empresas Corporación Lemuria S.A., Dibec y la firma del ingeniero Julio Galiano Morán, que denuncian atrasos en el cobro de obras edilicias y servicios de mantenimiento concluidos para la cartera sanitaria.
Según la documentación que presentaron a este diario, las demoras se extienden desde meses hasta años, una situación que —de acuerdo con los contratistas— impacta en la continuidad de obras y servicios que inciden directamente en el funcionamiento de hospitales y otros centros asistenciales.
El ingeniero Pablo Rodríguez, representante legal de Corporación Lemuria S.A. y vocero del reclamo conjunto, explicó a ABC que las deudas corresponden a contratos adjudicados conforme a los procedimientos vigentes, pero con facturas principalmente de 2024 y 2025, sin que hasta la fecha se haya producido una regularización.
En el caso de Lemuria, el monto adeudado ronda los G. 7.000 millones, mientras que el total reclamado por las empresas involucradas asciende a aproximadamente G. 25.000 millones, según contó.
De acuerdo con la documentación contractual presentada ante el MSPBS, las deudas corresponden a trabajos de mantenimiento hospitalario de alcance nacional y obras de ampliación en centros asistenciales.
Incluso, una parte de estos compromisos se arrastran desde hace cinco años por “una devolución de fondos de reparo del año 2020”, según consta en la documentación presentada por las empresas (ver facsimilar).
Asimismo, hay retrasos en pagos de los intereses moratorios y reajustes acumulados, que solo en uno de los contratos superan los G. 1.189 millones.
Obras detenidas
Rodríguez advirtió que la mora estatal no solo afecta a las empresas contratistas, sino que tiene un impacto directo en el funcionamiento de los hospitales.
Uno de los casos más sensibles comentado por nuestra fuente se registra en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, donde el pasado 15 de diciembre se paralizaron totalmente las obras de ampliación de consultorios, ante la falta de pago de facturas vencidas por más de 60 días.
Previamente, el 3 de noviembre, ya se había dispuesto la suspensión de otros trabajos vinculados a contratos de infraestructura hospitalaria por la imposibilidad de continuar sin respaldo financiero.
Entre los puntos críticos identificados figura además la falta de emisión de códigos de contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), un requisito administrativo indispensable para procesar los pagos.
Mora con impacto social
Asimismo, el representante de las empresas afectadas explicó que los contratos incluyen tareas esenciales como reparaciones estructurales, acondicionamiento de áreas técnicas, atención de filtraciones y preparación de espacios para la instalación de nuevos equipos médicos, servicios que hoy se encuentran limitados o directamente suspendidos.
Subrayó además el efecto social del atraso en los pagos. Indicó que las empresas involucradas emplean a miles de trabajadores —entre albañiles, electricistas, carpinteros, vidrieros y otros oficios— y estimó que el incumplimiento afecta de manera directa a unas 2.000 familias y, de forma indirecta, a entre 8.000 y 10.000 personas que dependen de esta cadena laboral, en un contexto especialmente sensible por el cierre del año.
La contradicción del grado de inversión
El ingeniero señaló que la situación resulta especialmente contradictoria en un país que ha consolidado su estabilidad macroeconómica y que recientemenet obtuvo el grado de inversión por parte de una segunda calificadora de riesgo, mientras proveedores del Estado enfrentan falta de previsibilidad financiera.
Al parecer, el objetivo de cumplir con la convergencia fiscal (volver al límite de déficit de -1,5% del PIB) derivó en que las autoridades no incluyan muchas deudas en su ejecución de presupuesto 2025 y las “pateó” para el 2026. Para las compañías afectadas, esto es un escenario de inseguridad jurídica, pues el Estado asume compromisos y no los honra en tiempo y forma.
Según Rodríguez, pese a las reiteradas notas presentadas al MSPBS, hasta el momento no recibieron una respuesta formal ni un cronograma de pagos, por lo que la continuidad de obras y servicios en hospitales públicos sigue supeditada a la regularización de los desembolsos pendientes.
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No obstante, finalizó diciendo que se observa con expectativa las declaraciones públicas del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien anunció una redistribución más equitativa de los pagos, y confió en que ese enfoque pueda traducirse en una regularización de los desembolsos en los primeros meses de este año nuevo.