Durante su reunión ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, la semana pasada, representantes de asociaciones policiales y militares cuestionaron el enfoque “actuarial” del Ejecutivo y pidieron que la reforma sea abordada como una política de Estado, en lugar de solamente un ejercicio contable.
Una facción, liderada por voceros como el coronel retirado Felipe Mercado, exige la autarquía total de la Caja Fiscal, argumentando que la autonomía es vital para garantizar transparencia, sostenibilidad y evitar la injerencia política, citando el artículo 103 de la Constitución Nacional. Sin embargo, esta postura no es compartida por todo el sector.
Desde la Agremiación Frente de Unidad de las Fuerzas Públicas, que nuclea a policías y militares en situación de retiro, el suboficial retirado Gregor Paredes manifestó a ABC su rechazo a la creación de un ente autárquico para administrar la Caja Fiscal, al considerar que la autonomía carece de garantías y amenaza con revivir viejas historias de mala administración.
“No aceptamos a ningún ente autónomo y autárquico como pretenden otros grupos. No queremos quedar como la cooperativa 17 de Mayo y Poravoty, en quiebra y con sus presidentes en sus casas sin condena”, mencionó el vocero.
Para el gremialista, la administración de la Caja Fiscal debe permanecer en manos del Estado, en línea con el carácter constitucional de las fuerzas públicas como instituciones “no deliberantes y obedientes”.
Más allá de las discrepancias sobre quién debe administrar la caja, Paredes confirmó que “están trabajando en bloque” con las demás asociaciones de las Fuerzas Públicas. Este frente común se une en tres demandas irrenunciables: la defensa de la equiparación salarial, el rechazo a la edad de retiro de 57 años por considerarla incompatible con la función operativa, y la exigencia de un aporte patronal del 14%.
Anunciaron que hoy, martes 20, presentarían una contrapuesta al proyecto de ley del Ejecutivo.
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MEF: Derechos adquiridos no se tocarán
El pasado viernes, la cartera económica, encabezada por el viceministro Felipe González, retomó el diálogo con gremios de policías y militares.
Las autoridades garantizaron que la reforma pensional no será retroactiva y que la eliminación de la equiparación salarial no afectará a quienes ya están retirados o cumplen los requisitos para el retiro.
No obstante, el equipo técnico enfatizó la urgencia de establecer una edad mínima de retiro. Entre los motivos destacaron que, en 2025, el 70% de los nuevos jubilados de las fuerzas públicas se retiró con menos de 55 años, lo que generó un déficit alarmante para la sostenibilidad de la Caja.
Los sectores afectados por la reforma serán nuevamente convocados por la Comisión Permanente del Congreso esta semana.
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