En la última década, el Estado destinó más de US$ 1.490 millones al gasto en retiros de las fuerzas públicas, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su presentación del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.
De esa cifra, el 71% se financió con impuestos que pagamos todos los paraguayos y solamente el 29% se solventó con recursos provenientes de los aportes de los servidores públicos activos de esos sectores.
Para el MEF, la situación es sumamente asimétrica e injusta, considerando que en Paraguay solo 2,7 de cada 10 trabajadores aportan para su jubilación.
Vale decir incluso, que aquellos trabajadores que no tienen posibilidad de jubilarse porque trabajan en la informalidad, principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), vienen financiando la jubilación de un sector en donde hay gente que llega a jubilarse a los 32 años, según informó la cartera.
Es que tanto policías como militares, así como el sector de los docentes públicos, no tienen como exigencia una edad mínima para acceder a la jubilación.
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¿Cómo se configuró el actual esquema previsional? Según informó el Ministerio de Economía, con ampliaciones vía leyes sin financiamiento suficiente.
Leyes perforaron la caja fiscal
En el 2003 se había promulgado la Ley N° 2345 de reforma de la Caja Fiscal, precisamente ante la necesidad de unificar parámetros para la jubilación del sector público, de modo que el sistema sea sostenible.
Sin embargo, en 2007 los enfermeros consiguieron modificar lo anteriormente decidido, vía Ley N° 3206. Lo mismo lograron las fuerzas públicas en 2011, a través de la Ley N° 4493.
El MEF recordó que los docentes universitarios, de la misma manera, consiguieron beneficios a través de la Ley N° 4747/12, al igual que las obstetras y hasta la Patrulla Caminera, a través de las leyes N° 5423 y la N° 5498, respectivamente.
En poco más de una década salieron cinco normativas que “perforaron” la Caja Fiscal, según explican los analistas económicos; pero no terminó ahí.
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El Ministerio de Economía informó además que en 2019 salieron tres leyes más, que siguieron modificando los sistemas de jubilación de otros sectores.
Así, se promulgó la Ley N° 6337 de los odontólogos y bioquímicos del Ministerio de Salud; la Ley N° 6302 de los médicos; así como la Ley N° 6422 de guardaparques.
Del mismo modo, en 2020, en pleno año de pandemia, médicos consiguieron la Ley N° 6522 y también se promulgó la Ley N° 6648 para personas con discapacidad.
En 2021, sicólogos del Ministerio de Salud consiguieron la Ley N° 6743, mientras que en 2022, también se promulgó la Ley N° 6886, así como los funcionarios del servicio diplomático y consultar consiguieron lo suyo, a través de la Ley N° 6935. Estas son 13 leyes que a lo largo del tiempo, según el reporte del MEF, fueron configurando el actual esquema previsional con desequilibrios y sin financiamiento propio.
De ahí que gran parte del sistema se financia con impuestos, aunque algunas de las últimas leyes citadas ni siquiera se pudieron aplicar todavía por falta de recursos.