El esquema cambia de manera significativa hacia 2028. Las proyecciones del MEF, sin reformas, indican que el déficit total alcanzará US$ 683 millones. El Programa Civil explicará US$ 444 millones y el Programa No Civil, US$ 239 millones. En ese escenario, el financiamiento del faltante dependerá exclusivamente de impuestos por el mismo monto: US$ 683 millones, cifra que equivaldría al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, ya no existirían excedentes que puedan amortiguar el desbalance, y el sistema previsional absorberá una porción creciente de la recaudación tributaria.
La dinámica es clara. Mientras el déficit aumenta en términos absolutos y relativos, la fuente de cobertura se concentra cada vez más en recursos tributarios corrientes, implicando que el financiamiento de las jubilaciones del sector público comienza a competir de forma directa con el gasto en salud, educación, infraestructura y programas sociales. Por tanto, el problema deja de ser previsional y se convierte en uno de asignación presupuestaria a nivel macroeconómico.
Los US$ 683 millones proyectados para 2028 por el MEF permiten dimensionar con claridad el costo de oportunidad. El monto equivale a la construcción de 10 hospitales de alta complejidad con 250 camas cada uno. También representa la posibilidad de realizar refacciones en 350 centros educativos, pavimentar 3.200 kilómetros de rutas asfálticas o ampliar en 16.000 hectáreas la cobertura de alcantarillado sanitario. Incluso, es comparable al financiamiento de la pensión para el 86% de la población adulta mayor del país.
Cada dólar destinado a cubrir el déficit previsional es un dólar que deja de financiar inversiones públicas con alto retorno social y económico, situación que adquiere mayor relevancia en un país que enfrenta brechas significativas en infraestructura, servicios básicos y equipamiento hospitalario. El crecimiento del déficit no solo tensiona las cuentas fiscales, sino que limita la capacidad del Estado de impulsar proyectos que inciden de forma directa en la productividad y en la calidad de vida de la población.
El componente más relevante en esta trayectoria es el Programa Civil. Para 2028, este segmento explicará casi dos tercios del déficit total, respondiendo a factores demográficos, parámetros de jubilación, años de aporte y beneficios que no guardan relación con la evolución de la esperanza de vida y la estructura etaria actual. Sin ajustes paramétricos, el peso del programa seguirá expandiéndose sobre el presupuesto nacional.
El riesgo no radica únicamente en el tamaño del déficit, sino en su carácter estructural y creciente. Al depender de impuestos, el financiamiento del sistema previsional se vuelve sensible al ciclo económico. En períodos de menor crecimiento o desaceleración, la presión sobre las cuentas fiscales se intensifica, obligando a recortes en otras partidas o a un mayor endeudamiento.
A modo de remarcar, destinar 1,2% del PIB a cubrir un déficit previsional implica reducir el espacio fiscal para políticas contracíclicas, inversión pública y programas sociales. Además, genera señales de sostenibilidad que pueden incidir en la percepción de riesgo país y en el costo del financiamiento externo.
La evidencia es contundente. Si no se realizan reformas que ajusten parámetros como edad de jubilación, años de aporte y cálculo de beneficios, el déficit continuará profundizándose y demandará una porción cada vez mayor de los ingresos tributarios.
La discusión, por lo tanto, no se limita al sistema previsional. Se trata de decidir si el presupuesto público se orientará crecientemente a que la población, en general, cubra con sus impuestos los desequilibrios del pasado o a financiar inversiones que impacten en el desarrollo futuro del país.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones