En el caso del magisterio nacional, el déficit observado ya evidenciaba una trayectoria creciente en los últimos años. En 2016 se ubicaba en US$ 42 millones, mientras que en 2023 alcanzaba US$ 128 millones. A partir de allí, las proyecciones actuariales muestran un salto de magnitud: US$ 193 millones en 2026, US$ 360 millones en 2028 y US$ 526 millones en 2030. El flujo promedio para el periodo 2026-2030 permite dimensionar el origen estructural del desequilibrio: los ingresos por aportes promediarían US$ 122 millones anuales, mientras que los egresos ascenderían a US$ 467 millones. La brecha anual se acercaría a los US$ 350 millones.
Esta relación entre aportes y prestaciones explica por qué el problema no puede interpretarse como coyuntural. Incluso, si los aportes se mantuvieran constantes, la estructura demográfica y el volumen de beneficios determinan un desfasaje persistente.
En 2025, el déficit del magisterio nacional, estimado en US$ 174 millones, fue cubierto parcialmente con rendimiento del fondo (US$ 31 millones) y con utilización de capital (US$ 143 millones). Es decir, se ha financiado consumiendo patrimonio acumulado. Para 2028, el escenario cambia radicalmente: el déficit proyectado de US$ 481 millones ya no se cubriría con recursos propios del sistema, sino directamente con impuestos generales por el mismo monto. El financiamiento deja de ser previsional y pasaría a ser fiscal.
Sin embargo, el magisterio no es el único componente que presiona la Caja Fiscal. Aun excluyéndolo del programa civil, el esquema presenta una dinámica similar. El déficit observado pasó de US$ 75 millones en 2020 a US$ 14 millones en 2025, pero las proyecciones indican un deterioro acelerado: US$ 49 millones en 2026, US$ 84 millones en 2028 y US$ 151 millones en 2030. El flujo promedio entre 2026 y 2030 muestra ingresos anuales por US$ 159 millones frente a egresos por US$ 250 millones. La brecha anual rondaría los US$ 90 millones.
Este dato es relevante porque indica que el problema no se concentra únicamente en un grupo específico, sino que responde a un patrón común: la masa de beneficiarios crece a un ritmo mayor que la capacidad de generación de ingresos contributivos.
La situación de las fuerzas públicas presenta un comportamiento aún más marcado.
El déficit observado ya se ubicaba en US$ 121 millones en 2016 y en unos US$ 170 millones en 2025. Las proyecciones indican que alcanzará US$ 206 millones en 2026, US$ 241 millones en 2028 y US$ 276 millones en 2030. En términos de flujos, entre 2026 y 2030 los ingresos promedio por aportes ascenderían a US$ 62 millones anuales, mientras que los egresos alcanzarían US$ 303 millones. La brecha superaría los US$ 240 millones por año.
La comparación entre los sectores revela un elemento común: en todos los casos, los egresos duplican o triplican a los ingresos contributivos. Esto implica que el déficit no depende de un ciclo económico adverso, sino de una configuración estructural del sistema.
A medida que se agotan los mecanismos internos de financiamiento, el peso se traslada crecientemente al presupuesto público. A decir, desde el 2028 el esquema pasaría a depender directamente de impuestos generales. El fenómeno tiene implicancias fiscales directas. Cada dólar destinado a cubrir el déficit previsional es un dólar que deja de utilizarse en otros fines del presupuesto. En un contexto de restricción fiscal y necesidad de inversión pública, la presión previsional se convierte en un determinante central de la política fiscal futura.
Las proyecciones oficiales permiten anticipar que el problema se profundiza, sobre todo, en ausencia de shocks externos. No se trata de una hipótesis, sino de una trayectoria proyectada con datos actuariales.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones