El Gobierno analiza aplicar nuevamente el mecanismo de factoring o factoraje —ya utilizado durante el Gobierno anterior— como alternativa para dar una salida parcial a la deuda que el Estado mantiene con las empresas constructoras, estimada en unos US$ 360 millones.
Para tratar el tema, representantes de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) se reunieron ayer a puertas cerradas con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. También participó el senador cartista Natalicio Chase.
Tras el encuentro, los gremios confirmaron que el Ejecutivo pretende aplicar nuevamente la Ley N° 6542/2020 de factoraje, prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, que permitirá a las empresas ceder sus certificados de obras o facturas a bancos locales para cobrar parte de la deuda, con garantía soberana.
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El mecanismo permitiría cubrir inicialmente unos US$ 150 millones, con posibilidad de ampliación. Sin embargo, tras la implementación de esta modalidad —que busca otorgar liquidez a las empresas— ya se generaron en el pasado intereses por más de US$ 100 millones, deuda que se arrastra hasta la actualidad y que el propio ministro Fernández Valdovinos había cuestionado anteriormente.
MEF deberá autorizar operaciones
El sistema ya había sido utilizado durante el gobierno anterior para evitar la paralización de obras públicas. No obstante, la principal diferencia será que en esta ocasión cada operación deberá contar con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y no únicamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según los gremios. Es decir, se tendrá garantía soberana y no de las empresas propiamente, como ocurrió anteriormente.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, calificó la reunión como “bastante productiva” y señaló que el sector atraviesa una situación crítica. Explicó que el mecanismo permitirá a las empresas presentar sus certificados de obra o facturas, firmados por las autoridades correspondientes, para que los bancos adelanten los pagos con respaldo del Estado.
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“El sector está en un punto de quiebre. Las empresas ya no dan más y las obras están en riesgo de paralización”, afirmó, al señalar que el mecanismo abre una “ventana” para enfrentar la crisis financiera del sector.
Según Heisecke, esta alternativa busca evitar que las obras públicas se resientan ante el bajo presupuesto previsto para 2026. Indicó además que en aproximadamente un mes el Gobierno presentará la reglamentación de la citada ley, en cuya elaboración participarán los gremios del sector, aunque aclaró que no será una solución definitiva frente a la millonaria deuda acumulada.
Cavialpa destaca tasas competitivas con garantía soberana
Por su parte, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, explicó que el mecanismo de factoring consiste en la cesión del derecho de cobro a entidades financieras para que las empresas puedan acceder a liquidez mientras el Estado cancela la deuda en el largo plazo.
Indicó que la ley ya está aprobada y que lo que falta es su reglamentación, proceso que —según dijo— el MEF y MOPC se comprometieron a concluir en unos 30 días.
“La idea es que se puedan hacer estas cesiones de cobro a entidades financieras, que adelanten los montos de los certificados pendientes y luego recuperen ese dinero con el pago del Estado a más largo plazo”, explicó.
Destacó que la principal diferencia respecto al mecanismo aplicado durante el Gobierno anterior será la garantía soberana, lo que permitiría mejores condiciones financieras y tasas más bajas.
Señaló que anteriormente las operaciones eran asumidas directamente por las empresas, lo que consumía sus líneas de crédito y elevaba los costos financieros debido al alto nivel de endeudamiento del sector.
“Al estar el Estado garantizando la deuda, las tasas tienen que ser mucho más convenientes y menos onerosas para todos”, afirmó.
Sarubbi reconoció, no obstante, que el monto inicial previsto —unos US$ 150 millones— no será suficiente para cubrir la deuda total del Estado con las constructoras, estimada en US$ 360 millones, por lo que consideró necesario acompañar la medida con una mejor planificación presupuestaria.
Según Cavialpa, el Gobierno informó que existe una disponibilidad aproximada de G. 285.000 millones para el pago en los próximos meses, lo que hace necesaria una planificación coordinada entre el sector público y privado.
MOPC: “Todavía no tenemos mucha información”
Por su parte, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Marco Elizeche, señaló que el Ministerio de Economía debe reglamentar la operativa de esta herramienta.
“Todavía no tenemos mucha información al respecto. Una vez que salga la resolución del MEF seguramente tendremos los detalles de cómo se va a aplicar”, expresó.