Persisten las críticas en relación al polémico plan del Ejecutivo de establecer un límite en el plazo que se pueden mantener las utilidades en reserva, en un intento desesperado por repuntar las recaudaciones.
Amílcar Ferreira sostuvo que este tipo de disposición afectaría derechos protegidos por la Constitución, al considerar que vulnera principios vinculados a la inviolabilidad de la propiedad privada.
En su explicación, el analista detalló que la práctica de mantener en reservas y no distribuir las utilidades responde, en muchos casos, a una decisión de prudencia por parte de los socios. Indicó que, sin renunciar a eventuales dividendos en el futuro, los accionistas pueden optar por dejar el capital dentro de la empresa como una forma de resguardo frente a contingencias o necesidades financieras.
A su criterio, este esquema legal se trata de una medida “muy sana” porque permite a las compañías preservar su capital operativo.
Lea más: Imposición sobre reservas podría derivar en procesos de descapitalización, advierten
No hay laguna legal
Ferreira también se refirió a declaraciones del director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) Óscar Orué, quien habría mencionado la existencia de un supuesto vacío o laguna legal sobre el tema. En respuesta, el analista enfatizó que no existe tal laguna, al afirmar que la normativa vigente es “muy clara”.
De acuerdo con Ferreira, una vez que las utilidades pagan el Impuesto a la Renta (IRE), el destino posterior de esos fondos debe quedar como una decisión libre del accionista, sin límites impuestos por ley.
En ese sentido, rechazó que “se obligue” a optar entre distribuir o capitalizar, ya que esto raya lo inconstitucional y remarcó que el accionista tiene el derecho de mantener el dinero en reserva como la misma ley le faculta.
Lea más: Gobierno plantea regular utilidades en reserva por presunta evasión de impuestos
Finalmente, Ferreira lamentó que decisiones de este tipo vuelven a dirigirse contra los actores formales de la economía y desde su perspectiva, el esfuerzo estatal debería orientarse a reducir el gasto público, en particular lo que describió como un gasto gigantesco y el derroche que, según señaló, se observa en ese rubro.