La ANDE puso en marcha esta semana lo que denomina el “Operativo Alto Paraná 6”, contra las conexiones irregulares y la falta de pago en el décimo departamento. La institución informó sobre el despliegue de 75 funcionarios y 25 cuadrillas, incluyendo empresas contratistas, con el objetivo de normalizar el servicio en la ciudad de Hernandarias.
Contó que las tareas, que se extenderán hasta el viernes 27 de este mes, apuntan a ejecutar 1.500 órdenes de suspensión por morosidad y realizar unas 1.600 inspecciones técnicas tanto en Baja como en Media Tensión.
Los primeros resultados de la intervención -según lo publicado por la ANDE- arrojaron la detección de importantes fraudes eléctricos en el sector comercial. Uno de los casos más resaltantes involucra a un supermercado ubicado sobre la Calle 1, identificado con el NIS 3310987 a nombre de Ángela María de Oliveira.
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Técnicos de la estatal constataron una derivación directa antes del medidor conectada a la red de Baja Tensión. Por esta irregularidad, los responsables deberán abonar la suma de G. 24.585.410 en concepto de daño patrimonial, gastos de intervención y multas, según lo estipulado en la Ley 966/64.
En otro procedimiento realizado sobre la calle Mariscal Francisco Solano López, la ANDE intervino un comercio registrado a nombre de Isidro Giménez Bobadilla (NIS 2628997). En este sitio se confirmó una conexión directa con medidor, lo que derivó en el retiro del equipo y la normalización del suministro.
El monto reclamado por la empresa estatal en este caso asciende a G. 47.959.498, representando el golpe económico más fuerte reportado hasta el momento dentro del operativo en curso.
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Asimismo, un edificio situado en la intersección de la avenida Fulgencio Yegros y San Antonio fue objeto de fiscalización. El inmueble, vinculado al NIS 1796866 a nombre de Germán Ibarrola Ozuna, presentaba una conexión clandestina similar a las anteriores. Tras la verificación encabezada por el gerente comercial, ingeniero Hugo Rolón, se determinó una liquidación de G. 14.171.039 por la energía no facturada y las sanciones correspondientes.
Desde el equipo de la ANDE, coordinado por los ingenieros Hugo Rolón y Jorge Barrios, recordaron que tras la promulgación de la Ley 7300/24, el robo de energía eléctrica ya no es una falta menor, sino que está tipificado como un crimen que conlleva penas de hasta 10 años de cárcel. Las autoridades instaron a la ciudadanía a formalizar sus conexiones y recordaron que las denuncias sobre hechos ilícitos pueden realizarse de forma confidencial a través de la aplicación “Mi ANDE” o el portal web oficial de la institución.