El optimismo del presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien defendió los nuevos decretos como una “tarifa técnica” actualizada, choca frontalmente con el análisis técnico de algunas organizaciones civiles y el rechazo de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA).
Según el documento de análisis de las campañas “Itaipu Causa Nacional” e “Itaipu es también soberanía/PPP”, las modificaciones que introdujo el Ejecutivo son apenas un “ligero maquillaje” de los decretos de enero pasado, manteniendo el regalo de energía por 15 años a las transnacionales electrointensivas.
El informe técnico revela cifras alarmantes sobre el impacto financiero de estas normativas. Mientras la ANDE exporta energía al Brasil a un precio de 50 US$/MWh, a las industrias de “Energía a X” (hidrógeno) se les cobrará apenas 25,4 US$/MWh fuera de punta de carga. Si se considera el costo real de servicio que debería aplicar la ANDE, según su Carta Orgánica —estimado en 85,5 US$/MWh—, el subsidio estatal es escandaloso.
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“El subsidio total será —para una contratación de 2.250 MW de empresas electro intensivas— de 26.255 millones de dólares en 15 años, considerando el precio de mercado de la energía como se debería considerar desde un inicio, pues es el precio con el que, desde ahora mismo, deberíamos exportar nuestra energía hidroeléctrica, y que será el precio de importación o generación desde el 2030, o antes”, sañaden en su análisis.
Para las denominadas “industrias convergentes” (centros de datos e inteligencia artificial), el escenario no es mejor. El decreto 5.860 no fija límites de potencia, y aunque subió ligeramente la tarifa en 220 kV a 45,08 US$/MWh, esta sigue siendo inferior incluso al precio de exportación al Brasil y está “brutalmente subsidiada” frente a los costos de explotación de la estatal, manifiestan.
El fin de la autonomía hidroeléctrica en 2030
Uno de los puntos más críticos señalados por los técnicos es la aceleración del consumo. La demanda eléctrica creció a una tasa del 17% anual en el primer trimestre de 2026, impulsada por estas industrias extractivas. A este ritmo, Paraguay agotará su excedente de energía barata de Itaipú y Yacyretá para el año 2030, casi una década antes de lo previsto originalmente (2039).
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“Habremos perdido 9 valiosos años de autonomía hidroeléctrica... porque se aceleró el crecimiento de la demanda... sin generar empleo”, cuestionan.
El análisis advierte que, una vez agotada la hidroelectricidad, la ANDE deberá recurrir a fuentes mucho más caras, como la energía solar con baterías o generación térmica, cuyos costos superan los 100 US$/MWh. Sin embargo, los contratos con las electrointensivas ya estarán blindados por 15 años, con tarifas bajas, lo que obligará a trasladar el sobrecosto al resto de la población.
ANDE: ilegalidad y falta de retorno social
Las campañas denuncian que estos decretos son “palmariamente ilegales” al violar la Ley Orgánica de la ANDE, que exige tarifas que cubran los costos y garanticen rentabilidad. Además, recalcan que estas empresas generan hasta 500 veces menos empleo por megavatio contratado que una industria convencional.
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“Se dará la paradoja que las empresas que generan empleo tendrán que subsidiar a las empresas que extraen mucha más energía sin crear ningún empleo”, manifiestan.
Ante este escenario, los gremios y organizaciones civiles exigen la derogación inmediata de los decretos 5.860 y 5.861, advirtiendo que, de lo contrario, el vaciamiento de la ANDE será “fatal” y la ciudadanía deberá soportar un inminente y masivo aumento de tarifas para cubrir el agujero fiscal dejado por los privilegios a las transnacionales.