Si se incluyen los aproximadamente US$ 300 millones en operaciones de cesión de derechos de cobro ya asumidas por entidades bancarias, el total de deuda vinculada con el sistema de salud llegaría a unos US$ 1.700 millones, de acuerdo con datos del sector farmacéutico.
Pese a este escenario, en los últimos meses comenzaron a observarse avances en el proceso de regularización de pagos por parte del Ministerio de Salud. Desde el sector farmacéutico destacaron que, tras la conformación de una mesa de trabajo integrada por el MEF, el MSPyBS y representantes de los acreedores, se logró, por primera vez, establecer un canal permanente de diálogo y transparencia sobre la situación financiera del sistema.
Como parte de ese proceso, el Ministerio de Economía reconoció formalmente la deuda acumulada y presentó un esquema inicial de pagos. El compromiso incluyó un desembolso de US$ 100 millones en abril y otros US$ 80 millones en mayo. El primer pago ya fue ejecutado y el segundo se encuentra en proceso de cobro. Además, el Gobierno prevé continuar con transferencias durante los próximos meses. La intención expresada por las autoridades es realizar pagos por alrededor de US$ 40 millones en junio y US$ 80 millones en julio, montos que superan ampliamente el promedio mensual abonado durante 2025, cuando los pagos rondaban aproximadamente US$ 30 millones por mes.
Desde la industria consideran que estos avances representan una señal positiva, principalmente porque los pagos recientes se realizaron con recursos genuinos provenientes de la recaudación tributaria, impulsada por los vencimientos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y los anticipos tributarios.
No obstante, el saldo total de la deuda continúa prácticamente estable debido a que el Ministerio de Salud mantiene elevados niveles de compra de medicamentos e insumos médicos. Aunque se aplicaron medidas orientadas a optimizar adquisiciones y regular procesos de compra, no hubo una paralización de las adquisiciones sanitarias.
En paralelo, uno de los principales mecanismos planteados para aliviar la situación financiera es la “cesión de derechos”. Sin embargo, el sistema enfrenta importantes dificultades. Actualmente, los bancos mantienen alrededor de US$ 300 millones en documentos vinculados a obligaciones del IPS con proveedores farmacéuticos. El problema radica en que las tasas de interés actuales para este tipo de operaciones rondan entre 9,5% y 10% anual, mientras que las empresas sostienen que solamente podrían soportar tasas cercanas al 5% anual.
El elevado costo financiero termina impactando sobre toda la cadena sanitaria, ya que incrementa los costos operativos y eventualmente repercute en el precio final de los productos adquiridos por el Estado. Por ello, desde el sector farmacéutico sostienen que la solución estructural no pasa únicamente por ampliar el instrumento financiero, sino, principalmente, por lograr que las instituciones públicas operen con flujos de caja previsibles y cumplan los plazos de pago establecidos en los contratos, que contemplan un máximo de 60 días para cancelar facturas.
A esto se suman limitaciones legales que dificultan ampliar el esquema financiero a toda la deuda existente. La normativa vigente excluye pagos vinculados a servicios de diálisis y compras realizadas mediante amparos judiciales.
Ambos componentes representarían alrededor de US$ 250 millones del total adeudado. Por ello, actualmente se analiza un proyecto de modificación legislativa orientado a ampliar el alcance del mecanismo. Sin embargo, la discusión se encuentra trabada debido a diferencias respecto a quién asumiría el costo financiero de los intereses derivados del instrumento.
Aunque el Ministerio de Salud muestra señales de avance en la regularización de pagos, el panorama del Instituto de Previsión Social continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para la industria farmacéutica.
Representantes del sector indicaron que todavía no existe un esquema claro para afrontar la deuda acumulada por la previsional, mientras que el sistema financiero, utilizado anteriormente para sostener parcialmente la liquidez de los proveedores, actualmente se encuentra prácticamente paralizado.
La consecuencia directa ya comienza a sentirse en la provisión de medicamentos. Desde el sector señalaron que el IPS redujo considerablemente la emisión de órdenes de compra en las últimas semanas, en un contexto donde la institución ya manejaba niveles bajos de stock.
El impacto trasciende al sector farmacéutico. Muchos contratos con el Estado son plurianuales y determinados medicamentos, especialmente los inyectables, requieren al menos 60 días para su producción o importación. Por ello, cualquier interrupción en el flujo financiero termina repercutiendo posteriormente en el abastecimiento del sistema sanitario.
Dentro de la industria sostienen que la regularización progresiva de la deuda y el cumplimiento de los plazos de pago permitirían no solamente reducir los costos financieros, sino también mejorar las condiciones de provisión, obtener precios más competitivos y otorgar mayor estabilidad al sistema de salud paraguayo.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.