Varios cuestionamientos surgieron a la reglamentación emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en relación a la cesión de derecho de deuda, con lo cual el Estado busca saldar millonarios montos adeudados a las empresas proveedoras de obras viales y famacéuticas.
El viernes pasado, el MEF emitió la resolución 296 de cesión de derecho de deuda, con lo cual el Estado busca saldar millonarios montos adeudados a proveedores, ABC Color conversó con el asesor económico Sergio Sapena quien sostuvo que la herramienta no solucionaría ni la deuda del estado, ni el pago a proveedores.
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Reglamentación no es justa y disminuye rentabilidad
“La resolución 296 encarece el pago y aumenta el plazo de cobro, disminuyendo la rentabilidad de las empresas proveedoras poniendo en riesgo su sostenibilidad y, por otro lado, aumenta en US$ 180 millones el monto final de pago por obras al Estado (tasa del 15% sobre US$ 1.200 millones)”, aseguró.
Al ser consultado si es justo que los proveedores asuman los intereses que surgen por la demora en los pagos del Estado, Sapena afirmó tajantemente que no es justo.
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Planificación errada del Gobierno
“Este problema sugió de una equivocada planificacion fiscal por parte del Gobierno, que debía haber previsto las condiciones internacionales del dólar, poniendo un tipo de cambio en G. 7.800 cuando era mundialmente conocida la caida del dólar”, acotó.
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Explicó que esta normativa expone a las empresas a varios riesgos, no solamente de que terminen cobrando menos que el valor nominal de sus facturas, sino que dismininuyan la calidad de entrega de las obras, al buscar minimizar sus costos, atrasando aún más las necesidades de infraestructura de calidad que el país requiere.
Sobre el punto, el consultor financiero afirmó que US$ 30.000 millones aproximadamente asciende el monto que nuestro país requiere en inversiones públicas de infraestructuras viales.
Beneficia solo al Estado y encarecería futuras licitaciones
El economista sostuvo el único beneficiado con esta resolución es el Estado. “Este mecanismo solamente beneficia a los funcionarios del gobierno que maquillando y ocultando la falta de prevision intentan frenar el aumento del deficit fiscal para cumplir con las metas prometidas a los organismos internacionales”, aseguró.
Refirió además que este mecanismo encarecería las próximas contrataciones públicas y a la vez desalentaría las inversiones en sectores claves como la salud, la educación y la infraestructura, ademas de disminuir las previsiones de inversion privada en equipamientos para modernizar a las empresas proveedoras.
Bochorno internacional
Sapena afrimó que esta medida busca “ocultar la incapacidad del gobierno en planificar el desarrollo del país” intentando cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y que será inevitable modificar y elevar el deficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que esta llevando a la economía a un callejon sin salida.
“Además nos están exponiendo a la posibilidad de que a tan solo 6 meses de la obtencion del segundo grado de inversión, esto sea revisado por las calificadoras de riesgo exponiendo al país al bochorno internacional”, sentenció finalmente.
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