“Si yo sabía el contenido de ese documento, yo mismo lo iba a llevar personalmente a la Fiscalía”, declaró Sergio Lovera, sindicalista y exasesor de Isaías Fretes, actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), al detallar los pormenores de su abrupta salida de la previsional.
Lovera explicó que su “pecado” fue haber viabilizado la entrega de un acta clave del Consejo de Administración. En ese documento quedó al descubierto la intervención directa del presidente Santiago Peña y de su asesor económico, Juan José Galeano, para beneficiar con una millonaria quita al Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.
“En conversación con el Presidente de la República, compartí el dictamen con el señor Juan José Galeano, cubriendo así los aspectos políticos y jurídicos en caso de que se apruebe, dada la relevancia de la familia involucrada”, citaba textualmente el acta, transcribiendo la exposición del entonces director jurídico del IPS, José “José’i” González Maldonado, en la sesión del Consejo de Administración del 30 de julio de 2024.
El exasesor relató que no conocía el contenido sensible del documento hasta que empezó a ser excluido de las reuniones y tuvo conocimiento de que todo era resultado de su osadía por remitir el documento al Ministerio Público. Recordó que recibió la llamada de una funcionaria jurídica advirtiéndole que era el último día de plazo para responder al requerimiento de la Fiscalía.
Como el presidente Isaías Fretes estaba de viaje por Caazapá, Lovera –como encargado inmediato– ordenó seguir el trámite legal para cumplir con el Ministerio Público. “Y así se hizo”, rememoró.
Sin embargo, en el siguiente encuentro con Fretes, notó que el titular del IPS ya había recibido una fuerte recriminación desde las altas esferas del Gobierno. “Había sido que esa acta debía guardarse como un secreto de Estado”, lamentó Lovera.
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Un negocio redondo
El acta remitida a la Fiscalía detalla que González Maldonado ingresó a la sesión escoltado por el asesor jurídico externo Marco Colmán, con el único objetivo de defender el millonario beneficio otorgado a la empresa perteneciente a la familia política del expresidente Mario Abdo Benítez. En su exposición, dejó correr un dato llamativo e informó al Consejo que mantuvo un diálogo con un “Dr. Riera” (sin precisar el nombre), quien le indicó que “varios abogados habían estado llamando con relación a este juicio”.
Pese al evidente conflicto de intereses, González Maldonado presionó para cerrar el acuerdo de inmediato alegando la supuesta “excesiva demora” judicial. “El monto propuesto es de G. 7.500.000.000, de los cuales un 5% se destinaría al pago de honorarios profesionales”, concluyó, operando prácticamente como un gestor de la contraparte ante el propio Consejo.
Los números detrás del pacto evidencian el presunto perjuicio a las arcas del IPS. La deuda real superaba los G. 10.000 millones por incumplimientos arrastrados desde noviembre de 2018, tras perder el consorcio un juicio contra la previsional. A esta cifra faltaba sumarle un monto idéntico en concepto de incumplimientos nuevos. Sin embargo, el IPS –entonces presidido por Jorge Brítez– aceptó cobrar apenas G. 5.557 millones, perdonando una fortuna en el camino.
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El pacto se selló en 2024 por un global de G. 7.500 millones, más G. 412.500.000 destinados a honorarios profesionales, totalizando G. 7.912.500.000. Ese botín de G. 412 millones en honorarios fue cobrado íntegramente por el propio González Maldonado, quien lo consignó en su declaración jurada de 2025.
Tras desatarse el escándalo, se descubrió que en el litigio intervinieron múltiples abogados y que el entonces director jurídico realizó una distribución discrecional y arbitraria del dinero, omitiendo deliberadamente detallar este reparto ante la Contraloría General de la República (CGR).
Pidió estar alertas
El exasesor Sergio Lovera señaló que su intención siempre fue buscar la transparencia y denunciar las irregularidades de la gestión de Jorge Brítez. Sin embargo, afirmó que chocó de frente contra la barrera del asesor económico de Peña, Juan José Galeano, a quien calificó como el que realmente “manda” en el IPS.
Aseguró que la actual administración de Fretes mantiene intacta la misma cúpula de directores de la era Brítez. Denunció además que, pese a ser asesor financiero, las gerencias de Finanzas e Inversiones le ocultaban informes clave.
Lovera buscaba auditar los millonarios depósitos “a la vista” en entidades bancarias –específicamente en Ueno Bank (del Grupo Vázquez SAE)– que se mantenían sin generar ganancias reales para el fondo de jubilaciones. “En ese caso ya estamos hablando de un presunto daño patrimonial”, alertó.
Finalmente, advirtió sobre un plan para modificar la carta orgánica del IPS bajo la excusa de una “reingeniería financiera“, que se enfoca en tres puntos de alto riesgo.
El primero es constituir un fideicomiso con un banco extranjero sin los recaudos necesarios, el segundo es endeudar a la previsional a nivel internacional y el tercero es emitir bonos a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). “Si desde 1943 el Estado no cumple con sus pagos al IPS, imagínate lo que sería después de esto”, sentenció.