Para aplacar las fuertes críticas, Atome emitió un reporte detallando su impacto energético. La planta operará como carga industrial base de 125 MW, que representa menos del 2% de la potencia hidroeléctrica del país, conectada en 220 kV para asegurar “mínimas pérdidas técnicas” a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dice.
“Esto facilita la planificación eléctrica y otorga ingresos estables para la ANDE”, sostiene el documento de Atome. Según sus proyecciones, el proyecto inyectará de forma previsible más de US$ 30 millones anuales a la empresa estatal eléctrica.
El acuerdo incluye además inversiones directas a cargo de la multinacional para adecuaciones en la Subestación Buey Rodeo. Para blindar las finanzas, el régimen establece una tarifa en dólares, eliminando el riesgo cambiario para la ANDE durante los 25 años de vida útil de la planta.
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Promesa de “industrialización verde”
El núcleo del millonario negocio es la utilización de electricidad limpia y agua del río Paraguay (usando menos del 0,007% de su caudal) para producir hidrógeno y amoníaco verde. El producto final será el fertilizante nitrogenado (CAN), vital para el agro.
La empresa califica esta iniciativa como una “plataforma de industrialización verde, empleo calificado y encadenamiento productivo”. Destacan que la tecnología importada quedará instalada como capacidad productiva nacional.
Actualmente, el Paraguay importa entre el 98% y 100% de sus fertilizantes, provocando una fuga de divisas. Producir este insumo a nivel local evitará la salida de unos US$ 700 millones al año, reduciendo la exposición del país a los shocks de precios internacionales, destaca Atome.
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Millonario mercado y miles de empleos
Con una producción estimada en 260.000 toneladas anuales, la planta de fertilizantes verdes apunta a abastecer al Mercosur. De hecho, ya existe un contrato garantizado por 10 años con la gigante distribuidora Yara, proyectando exportaciones por encima de los US$ 120 millones anuales.
En el plano laboral y logístico, prometen la creación de unos 4.100 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción, y otros 1.290 durante la operación de la fábrica.
A esto se suma la promesa de dinamizar la economía interna con unos US$ 200 millones en contratos locales para obras civiles, metalmecánica y logística, además de un gasto operativo anual superior a los US$ 42 millones.
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El conflicto por la tarifa especial
Pese al escenario de “posicionamiento país” que plantea la empresa, el modelo de negocios se sostiene sobre recientes y cuestionados decretos del Poder Ejecutivo. Empresarios del sector eléctrico alertan sobre un complicado “favoritismo tarifario” que entrega energía estratégica a precios preferenciales.
La controversia escaló a tal punto que desde el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) denunciaron fuertes “aprietes” políticos para consumar este acuerdo. La presión oficialista habría dejado al propio titular de la ANDE al borde de la renuncia en las últimas semanas, situación que no fue confirmada ni desmentida hasta la fecha.
Ante este manejo de los recursos del Estado, los gremios de trabajadores de la ANDE ya anunciaron una acción de inconstitucionalidad. Denuncian que se compromete la salud financiera de la institución para beneficiar a corporaciones extranjeras bajo el disfraz de políticas de desarrollo.