La obra de triplicación de la ruta D025, que se ejecuta en el tramo comprendido entre el acceso al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque, y su empalme con el acceso norte de la ruta PY03, en Mariano Roque Alonso, a lo largo de 6,03 kilómetros, enfrenta dificultades para avanzar.
Esto se debe a que el dueño de una de las propiedades afectadas por la ampliación de la vía acusó a la empresa CDD Construcciones SA, representada por César Delgado, contratista de la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (FPTI) de la obra, de “invadir” el predio al ingresar sin autorización y sin que se hubiera abonado la indemnización correspondiente por la expropiación.
Se trata del inmueble perteneciente a James David Ray, en la zona del aeropuerto, con una superficie afectada de 000 ha 0995 m² 0011 cm² por la obra y cuya tasación fue fijada en más de G. 1.250 millones por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), monto que la FPTI debía pagar al propietario.
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Cercaron la propiedad porque, según denuncian, ingresaron sin pagar la expropiación
El abogado del propietario del terreno, Óscar Fernández Scifó, visitó la redacción de ABC para denunciar el hecho y señaló que ya presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Luque, incluso con una ampliación, en la que dejaron constancia de que la empresa contratista ingresó al predio sin autorización y que, además, realizó trabajos de canalización en una zona que no forma parte del área expropiada.
De acuerdo con el representante legal, la contratista dejó el inmueble sin acceso al construir una estructura de hormigón que no estaba contemplada originalmente en el proyecto, elevando la nivelación de la ruta.
Agregó que, para salir de la propiedad, existe un desnivel de aproximadamente un metro y medio de cemento y que, para ingresar, “hay un precipicio” de la misma altura. Sostuvo que ni la contratista, ni el MOPC ni la FPTI se hicieron responsables de los accesos ni de los daños ocasionados al inmueble, y que tampoco saben si alguna de estas instituciones autorizó la intervención.
“Ingresaron a la propiedad sin el pago de la indemnización, con violencia, rompiendo portones y derribando alambradas. Luego del 7 de junio de 2026 ingresaron en la parte del inmueble que no es objeto de expropiación, también con violencia, y canalizaron el lugar. Por eso incluso ampliamos la denuncia en la Fiscalía”, expresó Fernández.
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En ese sentido, indicó que el sábado 13 de junio de 2026 volvieron a ingresar, realizaron trabajos de canalización y descargaron agua en el inmueble, por lo que los propietarios tuvieron que volver a cercar la zona afectada con la advertencia de que se trata de una propiedad privada.
Fiscalía sigue sin intervenir
El abogado añadió que, llamativamente, el fiscal designado en el caso, Orlando Paiva, de la Unidad Fiscal Nº 4 de Luque, no se constituyó en el lugar.
“El señor Ray nunca dio autorización alguna para ingresar. Inclusive, cuando firma el documento por el que acepta la valuación del inmueble realizada por el MOPC, se establece como condición que recién una vez firmada la escritura de transferencia de dominio podían continuar los trabajos en el inmueble”, sostuvo.
Asimismo, enfatizó que el propietario se enteró del ingreso a su predio a través de uno de sus empleados, quien le informó que se había ingresado de forma violenta, cortando alambradas, derribando el portón de acceso y realizando construcciones dentro de su inmueble.
MOPC y PTI no dan explicaciones: cuestionan seguridad jurídica
ABC realizó un recorrido por la zona de obras en la mañana de este jueves y corroboró que la propiedad afectada volvió a ser cercada con carteles que advierten que se trata de un inmueble privado, por lo que los obreros de la contratista ya no están ingresando al lugar.
Intentamos contactar con algún representante de la empresa para que explicara la situación del predio, pero señalaron durante nuestro recorrido que no cuentan con un vocero autorizado.
También consultamos al MOPC, responsable de la supervisión de la obra. Desde la institución indicaron que las consultas sobre los pagos por expropiaciones debían ser respondidas por la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (FPTI). Sin embargo, tampoco obtuvimos respuesta del director de esa entidad, Carlos Mercado.
Mientras tanto, el abogado del propietario sostuvo que “no existe seguridad jurídica en el proceso de expropiación”, ya que, según afirmó, se ingresó al inmueble sin el previo pago de la indemnización establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, derribando alambradas, portones y postes.
Lamentó además que, mientras el Gobierno destaca las oportunidades de inversión en Paraguay, desde el propio Estado —según sostuvo— no se está respetando la propiedad privada y existe una situación de indefensión debido a la inacción de la Fiscalía.
“Esta situación sorprende e indigna, porque mencionan que Paraguay recibe a los inversionistas, pero ahora está violando la propiedad privada. ¿Qué garantía tienen los inversionistas para hacer inversiones en nuestro país si no contamos con esas garantías?”, enfatizó.
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Obra con millonario sobrecosto
De acuerdo con los datos oficiales, el proyecto contempla la construcción de una autopista con cuatro carriles nuevos y la rehabilitación de la vía existente de dos carriles. De esta manera, el tramo pasará de dos a seis carriles, triplicando su capacidad y reduciendo sustancialmente el tiempo de viaje para los usuarios.
Cabe recordar que esta obra fue adjudicada a través de la FPTI, un mecanismo que, según cuestionamientos planteados, ha sido utilizado por este Gobierno para evitar los controles previstos en la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que los llamados realizados por dicha entidad no se rigen por esa normativa. Si bien el proyecto es impulsado por el MOPC, esa cartera no estuvo a cargo de la licitación.
Inicialmente, la obra fue adjudicada a CDD Construcciones SA por G. 167.063 millones (más de US$ 28 millones al cambio actual). Sin embargo, según informó el MOPC, el costo actualizado asciende a G. 208.817 millones (US$ 31,7 millones), lo que representa un incremento cercano al 25%. Al no regirse por la Ley Nº 7021, el aumento supera el límite del 20% permitido por dicha normativa para las obras públicas.
El MOPC explicó a ABC hace algunos días que una de las principales razones del incremento presupuestario fue que, a partir de los estudios catastrales y de avalúo, se identificaron propiedades privadas dentro del predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.