Según el ingeniero consultor y ex asesor técnico de los negociadores del Anexo C de Itaipú del gobierno de Mario Abdo Benítez, Guillermo López Flores, el artículo del Ing. Javier Villate incurre en “un severo error conceptual” al extrapolar el funcionamiento de un mercado mayorista desregulado y marginalista a la realidad del sector eléctrico paraguayo. El sistema, explica, está estructurado legal y técnicamente como un monopolio estatal regulado bajo el principio de “costo de servicio”.
En Paraguay, el mercado eléctrico no está liberalizado ni responde a la libre competencia, recuerda el ingeniero. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) opera bajo su Carta Orgánica, la Ley N.º 966/64, que establece de forma explícita un modelo de tarifa a costo de servicio.
Bajo ese marco jurídico, la tarifa al usuario se calcula sumando de forma contable tres componentes: los costos reales de adquisición de energía —fijados en los contratos de largo plazo con Itaipú, Yacyretá y la generación propia de Acaray—, los costos operativos de transmisión, distribución y administración de la ANDE, y una rentabilidad anual legalmente garantizada, que la ley estipula entre el 8% y el 10% sobre sus inversiones.
Por eso, subraya López Flores, la ANDE no adquiere energía mediante subastas diarias de precio variable, sino a través de contratos binacionales fijos de largo plazo.
El error: confundir el sistema con un mercado marginalista
La nota original sostenía que, en los mercados eléctricos competitivos, el precio de referencia no lo marca la energía más barata sino el costo del último generador necesario para cubrir la demanda general, que sería en este caso la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Para el consultor, esa afirmación mezcla dos esquemas incompatibles. En los países con mercados liberalizados, como Chile, Colombia o gran parte de Europa, los generadores privados compiten ofertando su energía hora a hora, y el operador del sistema despacha las plantas por orden de mérito hasta cubrir la demanda. La última planta en entrar —el generador marginal— fija el precio “spot” para todo el mercado en esa hora, aunque a los demás les haya costado menos producir.
“Como Paraguay no posee un mercado abierto competitivo de este tipo, la lógica marginalista no aplica a sus tarifas”, remarca López Flores. La ANDE le paga a Itaipú el precio pactado por su energía y a Yacyretá el suyo; el costo de generación que figura en su balance es un promedio ponderado de sus compras reales, no el precio de la última unidad despachada.
Lea más: Ingenieros de la ANDE desmontan discursos a favor del subsidio tarifario a Atome
Si Yacyretá entra a cubrir el resto de la demanda, agrega el ingeniero, la ANDE paga por esa porción específica el precio de Yacyretá. Pero eso no altera retroactivamente lo que paga por la energía de Itaipú, ni convierte a la binacional en la “fijadora” del precio de referencia de todo el sistema nacional.
Costo de oportunidad
López Flores plantea que es probable que Villate haya querido referirse al costo marginal de abastecimiento o al costo de oportunidad, pero que la redacción periodística terminó desvirtuando el concepto técnico.
Desde la economía de la energía, explica, si la ANDE destina un bloque de energía barata de Itaipú a un consumidor electrointensivo —como la planta de hidrógeno verde que Atome proyectaba instalar en Villeta—, ese bloque deja de estar disponible para el consumo de la población.
Como la demanda interna paraguaya sigue creciendo, la empresa estatal se vería obligada a sustituir ese bloque retirando más energía de Yacyretá, cuyas condiciones de pago y costos de transporte pueden ser distintos o históricamente más complejos.
“Analizar esto bajo la óptica del costo de oportunidad para evaluar si una tarifa subsidiada perjudica a la ANDE es perfectamente válido”, sostiene el ingeniero. Sin embargo, definir a Paraguay como un “mercado competitivo” o decir que Yacyretá fija el precio de referencia de la tarifa general es, para él, “un error técnico innegable”.
Lea más: Técnicos advierten que tarifas fijadas por decreto son “una asfixia económica” para la ANDE
Dos esquemas que no deben confundirse
El antecedente de esta polémica es la cancelación, el 9 de junio, del contrato de abastecimiento de 145 MW que Atome negociaba con ANDE para su planta de hidrógeno verde. La empresa proponía una tarifa fija de 30 US$/MWh por 15 años, un valor cuestionado públicamente por estar por debajo de los costos de adquisición y transporte que enfrenta la estatal.
En ese contexto se publicó el análisis de Villate, que López Flores ahora objeta. Para el ingeniero consultor, la nota “confunde severamente las reglas de fijación de precios por costo marginal de los sistemas desregulados con el esquema de monopolio natural regulado a costo de servicio que rige en Paraguay”.
La tarifa de la ANDE, insiste López Flores, se basa en los costos contables promediados de su portafolio de suministro, y no en el precio de la última unidad despachada.