Para el especialista del sector energético, el Ing. Javier Villate, la decisión del Poder Ejecutivo de dar marcha atrás con la firma del acuerdo con Atome, la multinacional de hidrógeno verde, pretendió cerrar una polémica, pero terminó exponiendo fallas estructurales mucho más profundas.
“Si el objetivo era colocar a cualquier costo los excedentes de las binacionales, sin importar el deterioro de las finanzas del monopolio estatal eléctrico, no estamos ante una política industrial inteligente, sino ante un subsidio encubierto”, disparó el especialista.
El análisis técnico detallado por Villate demuestra que la tarifa fija de 30 US$/MWh propuesta públicamente durante las negociaciones para la planta de Atome en Villeta se encontraba llamativamente por debajo de los costos reales de adquisición y transporte de la empresa estatal paraguaya.
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La energía de Itaipú adquirida por la ANDE tiene hoy un costo cercano a los 29 US$/MWh, una cifra que permanecerá congelada hasta el año 2027. A este monto se le debe sumar por ley la rentabilidad mínima del 8% que estipula la Ley 966, elevando el valor base a 31,32 US$/MWh.
A este cálculo técnico obligatorio se le debe añadir el costo de peaje por el transporte de la electricidad hasta la zona industrial de Villeta, estipulado en el artículo 15 de la Ley 3.009 de Producción y Transporte Independiente, que equivale a otros 3 US$/MWh. Con estos datos oficiales, el costo económico real para la empresa pública alcanza los 34,32 US$/MWh.
Un millonario desfalco disfrazado de inversión
“Frente a ese valor, una tarifa fija de 30 US$/MWh por 15 años implicaba vender energía por debajo de su costo económico. La diferencia parece reducida, pero aplicada a un bloque de 145 MW representa varios millones de dólares anuales”, alertó Villate.
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El ingeniero calificó esta operación fallida como una “transferencia de valor directo” desde las arcas de la ANDE y los bolsillos de sus usuarios tradicionales hacia el beneficio exclusivo de un consumidor privado particular.
Asimismo, el especialista desarmó los argumentos de James Spalding, director ejecutivo de Atome y exdirector de Itaipú, quien justificaba el contrato alegando que la estatal mejoraría sus ganancias una vez que Itaipú reduzca sus costos operativos a partir de 2027.
El error de cálculo con los precios de Yacyretá
Villate explicó de forma sencilla que en los mercados eléctricos competitivos el precio de referencia no lo dicta la energía más barata, sino el costo del último generador que se necesita para cubrir la demanda general, que en el caso de nuestro país es la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
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Bajo la Nota Reversal N.º 2/2017, el precio de Yacyretá se fijó en 30 US$/MWh, mientras que el reciente acuerdo operativo temporal firmado en 2025 entre Santiago Peña y el mandatario argentino Javier Milei lo estableció en 28 US$/MWh.
“Aunque Itaipú reduzca su precio, mientras Yacyretá siga siendo necesaria para cubrir la demanda, su precio continuará siendo la referencia económica relevante”, aclaró el técnico, echando por tierra la defensa de la multinacional.
Cuatro años consecutivos en el fondo del pozo rojo
El informe del especialista recuerda que la ANDE arrastra resultados operacionales negativos y alarmantes de manera continua desde el año 2021.
“Cuatro años consecutivos perdiendo dinero deberían haber impulsado un debate serio sobre la organización del sector, la estructura tarifaria y la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, el Gobierno ha preferido evitarlo”, cuestionó el ingeniero.
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A criterio del analista, la abrupta reculada del Gobierno con este contrato evidencia el temor del Ejecutivo a impulsar reformas profundas que afecten intereses políticos instalados, entre ellos, los beneficios del propio aparato sindical de la ANDE.
Villate concluyó que la cancelación de la firma fue una medida correcta pero totalmente insuficiente, ya que el Gobierno sigue manejando los recursos energéticos estratégicos mediante decretos dispersos y parches políticos de corto plazo, violando el artículo 107 de la Constitución Nacional sobre la fijación artificial de precios.
“Paraguay posee una de las mayores disponibilidades de energía hidroeléctrica del mundo. Que en pocos años deba importar electricidad sería la demostración más contundente del fracaso de una política que se niega a reformarse”, sentenció.