Durante su informe anual de gestión ante ambas cámaras legislativas, el presidente de la República, Santiago Peña, defendió el uso de los recursos excedentes y resaltó el proyecto “Yguazú Digital”, calificado por el Ejecutivo como una alianza estratégica con Taiwán para instalar un centro soberano de computación.
“Con nuestros amigos (de Taiwán) daremos un salto histórico. Vivimos un momento decisivo para la inteligencia artificial, y mientras el mundo debate límites energéticos, regulaciones y soberanía tecnológica, nosotros tomamos la delantera, apoyados en una ventaja única: nuestra energía”, señaló el mandatario.
Añadió que por eso, se dio un paso sin precedentes, mencionando el proyecto del centro de datos Yguazú Digital. “Una alianza en partes iguales para construir uno de los mayores centros soberanos de inteligencia artificial del mundo, que unirá la tecnología de frontera taiwanesa con la potencia energética paraguaya”, afirmó el jefe de Estado.
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Según el mandatario, este plan busca posicionar al país como el hub tecnológico del Cono Sur, generando empleo de calidad y mayores ingresos para las arcas públicas mediante la exportación de servicios digitales.
Peña apenas citó la modernización del “régimen de energías renovables no convencionales”, refiriéndose a la reglamentación de la Ley N.° 7599/2025.
Atome y la controversia sobre la tarifa
Pese al tono optimista y la constante apelación a la “visión de Estado”, el informe de Peña esquivó los puntos más críticos y urgentes de la agenda energética actual.
El mandatario no hizo una sola mención a las severas controversias generadas este año en torno a los decretos energéticos que fueron promulgados, modificados y posteriormente eliminados por el propio Poder Ejecutivo, sembrando inseguridad jurídica en el sector.
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Esta falta de previsión mantiene en jaque la instalación de la planta de hidrógeno verde de la firma británica Atome Energy. Dicha inversión, valuada en US$ 650 millones, corre el riesgo de caerse debido a la incapacidad del Gobierno de sostener la tarifa fija a 15 años, comprometida inicialmente y sellada en el decreto N.° 5861, posteriormente anulado.
La promesa inicial de una tarifa preferencial a largo plazo para Atome tuvo que ser cancelada tras las fuertes advertencias de los técnicos del sector y de la propia ANDE.
Los analistas locales alertaron que subsidiar o congelar el costo de la potencia para el capital privado por un periodo tan extenso terminaría asestando un golpe multimillonario a las finanzas de la empresa estatal paraguaya.