La Resolución General N° 47/2026 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) establece una nueva obligación informativa para las operaciones con criptoactivos. Según la normativa, las plataformas deberán reportar datos de las transacciones y la norma también alcanza, bajo determinadas condiciones, a residentes y entidades del país que superen US$ 5.000 anuales en operaciones.
Marcelo Dvojak, presidente de BitBase, y Nicole Cobelli, vicepresidenta de X4T, en entrevista con ABC Color cuestionaron el alcance del mecanismo y plantearon la necesidad de una mesa técnica con las autoridades y las empresas del sector antes de marzo de 2027, fecha prevista para la primera declaración correspondiente al periodo 2026.
Sus reparos, según explicaron se concentran en la cantidad de información solicitada, la identificación de las billeteras, el costo operativo y el riesgo de asociar una identidad con todo el historial de una dirección blockchain.
Exchanges piden una mesa técnica antes de marzo de 2027
Tras la normativa emitida por la DNIT en marzo de este año, la institución señaló como exigencia que sea informado al Estado el tipo de transacción, fecha y hora, cantidad negociada, hash, direcciones de origen y destino y tipo de billetera utilizada.
Cobelli considera que todavía existe margen para revisar el mecanismo antes de esa fecha. “Lo que a X4T le sirve capaz no le sirve a una minera, ni a una fintech, ni a alguien que hace custodia”, afirmó. Por ese motivo, plantea una mesa de trabajo con las empresas del sector.
Por su parte, Dvojak también sostiene que las autoridades deben escuchar a las compañías que operan en el mercado formal. “Nosotros sí queremos ley, sí queremos normativa. Esto es una resolución, queremos inclusive ley si es por nosotros”, afirmó.
El planteamiento común de ambos empresarios no es eliminar el control tributario. Es definir qué información necesita la DNIT para fiscalizar las operaciones y qué datos consideran excesivos las empresas del sector.
DNIT exige detalle sobre operaciones con criptomonedas
Entre los datos informativos para criptoactivos que deben ser reportados aparecen elementos propios de una transacción en blockchain. En ese sentido, Cobelli sostiene que la empresa a la que representa procesa miles de operaciones por mes y que la exigencia alcanza cada transacción. “No hay una operación que quede afuera”, afirmó.
La empresaria cuestionó que la plataforma deba remitir por separado información que, según su explicación, ya puede consultarse mediante el hash de la operación.
Cuestionan que se solicite datos que ya contiene el hash
El hash funciona como identificador de una transacción en una blockchain. Según Cobelli, al introducir ese dato en un explorador público se puede consultar información sobre el movimiento.
La empresaria afirmó que el hash permite acceder a datos como las direcciones involucradas, el monto, la comisión de red y la fecha de la operación. “El hash solo ya te da más de lo que la resolución pide”, sostuvo.
La empresaria refirió en ese sentido que exigir el hash junto con los datos que ya pueden obtenerse desde ese identificador genera una carga adicional que puede aumentar el margen de error en la carga manual.
¿Normativa hará que empresas tengan sobrecosto?
Cobelli afirma que las empresas todavía no cuentan con todas las definiciones técnicas necesarias para estimar el costo de cumplimiento. “No existe todavía el formulario, pero si existe la inscripción a la obligación, no hay especificación técnica publicada, y no hay ninguna vía automática para que un exchange le entregue eso a la DNIT”, señaló.
En su normativa, la DNIT informó que los sujetos obligados deben gestionar la incorporación de la obligación 959, DJI Criptoactivos, en el sistema tributario. La primera declaración correspondiente a este periodo 2026 debe realizarse en marzo del 2027. La empresaria sostiene que el costo dependerá del mecanismo definitivo de presentación. “Estamos hablando de un equipo dedicado exclusivamente a cargar datos a mano”, afirmó.
Según Cobelli, esa alternativa elevaría los costos y agregaría nuevos puntos de exposición para información que hasta ahora procesa el sistema de manera automatizada.
¿Normativa expone patrimonio de usuarios?
La discusión cambia de dimensión cuando una dirección blockchain queda vinculada con una persona. Cobelli sostiene que una dirección puede ser pública sin revelar por sí misma la identidad de su propietario. “El hash por sí solo no expone a nadie. Yo te puedo pasar mil hashes ahora mismo y vos no vas a saber de quién es ninguno”, explicó.
Para la empresaria, el problema aparece cuando esa dirección se cruza con datos personales como nombre, RUC o domicilio fiscal. “Lo que rompe esa privacidad es el nombre”, afirmó.
Por su parte, Marcelo Dvojak plantea un riesgo similar desde la perspectiva de seguridad personal. El presidente de BitBase sostiene que una persona puede quedar expuesta si debe informar cuánto posee y dónde mantiene sus criptoactivos. “Si yo declaro lo que tengo en mi billetera, estoy expuesto a que me extorsionen, estoy expuesto a que me secuestren, estoy expuesto a que me asalten como ya ocurrió en países de Europa”, afirmó.
Cobelli coincide con la preocupación sobre la exposición patrimonial, pero centra su argumento en el vínculo permanente entre una identidad y una dirección blockchain. “Una vez que se cruzó la identidad con la dirección, no hay forma de desvincularlas nunca más”, sostuvo.
Cuestionan interpretación tributaria de movimientos entre wallets
La trazabilidad de una operación no determina por sí sola su tratamiento tributario, según Cobelli. La empresaria utiliza un caso concreto: una persona que traslada sus propios fondos desde una billetera fría hacia una billetera caliente.
En la blockchain aparece un movimiento entre dos direcciones. Sin embargo, según su planteamiento, no existe una venta ni una ganancia. “La herramienta te muestra el movimiento. No te dice qué significa ese movimiento”, afirmó.
El riesgo, según explicó la magíster en comunicación, aparece si la administración interpreta una transferencia patrimonial interna como una operación que genera renta imponible. Cobelli también planteó dudas sobre préstamos en criptomonedas, movimientos internos de plataformas y staking antes de una venta.
Exchanges extranjeros pueden competir con ventaja frente a plataformas locales
Cobelli sostuvo que el esquema de reporte puede generar una diferencia entre las empresas paraguayas y las plataformas extranjeras, ya que un usuario residente en Paraguay puede utilizar un exchange ubicado fuera del país, explicó.
Para la empresaria, esa alternativa puede reducir el costo de cumplimiento para el proveedor extranjero y aumentar la presión sobre los operadores locales. “Le pone un costo al que se quedó y cero al que se fue”, sostuvo.
La Resolución General N° 47/2026, además, contempla operaciones de residentes realizadas a través de plataformas no residentes o sin intermediación cuando se cumplen las condiciones previstas en la norma.
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Billeteras no custodiales generan dudas sobre quién debe informar
Otro punto cuestionado por la magíster en marketing es el tratamiento de las billeteras no custodiales. En este modelo, el usuario mantiene el control directo de los activos y no existe un exchange que concentre la información de todas las operaciones. “En el caso de billeteras no custodiales, directamente no hay a quién pedirle”, afirmó Cobelli.
La empresaria sostuvo que la obligación plantea una dificultad práctica cuando no existe un intermediario responsable de recopilar y entregar los datos.
Empresarios piden coordinación entre organismos del Estado
Cobelli sostiene que X4T ya reporta información a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y plantea que el Estado debería coordinar las bases existentes antes de crear nuevos mecanismos de reporte. “¿Por qué no se coordina entre instituciones en vez de abrir un segundo canal que duplica todo?”, cuestionó.
La empresaria afirma que su empresa también presentó una consulta vinculante a la administración tributaria antes de la nueva regulación, con el objetivo de operar bajo un marco definido. “Nosotros no estamos discutiendo si pagar impuestos. Estamos discutiendo qué dato es necesario para eso y cuál no”, sostuvo.
Cabe recordar que, la DNIT estableció el monto anual de US$ 5.000 para determinados contribuyentes que operen con criptoactivos. La obligación puede alcanzar operaciones realizadas mediante plataformas extranjeras o sin intermediarios.
En ese sentido, Cobelli también planteó dudas sobre si debe considerarse el flujo de fondos, el saldo de una cuenta o la suma de determinadas operaciones. El problema, según la empresaria, es que esas definiciones pueden cambiar la forma en que un contribuyente debe cumplir con la obligación.
Proponen controlar la operación y no tenencia
El empresario Djovak considera que el Estado debe poder conocer una compra y una venta para determinar si existe una ganancia gravada. “Lo que no tengo por qué decirle es cuánto tengo y en qué billetera lo tengo guardado, porque ahí está el miedo de las personas”, concluyó.