Jorge Gross Brown, asesor legal de Atome, dijo esta mañana en una entrevista radial que la convocatoria se hizo “entre ayer y hoy”, para la tarde de este miércoles, con el área técnica de la ANDE.
Según explicó, el encuentro se daría en el marco de las conversaciones sobre el contrato vigente, que tiene “unas obligaciones que entran a regir a partir del 30 de septiembre”. Agregó que buscan “una conversación productiva y constructiva”.
Ese plazo fue detallado el lunes por el presidente de la ANDE, Miguel Báez, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. Dijo que, si Atome no negocia una nueva adenda antes del 30 de septiembre, deberá depositar una póliza de garantía bancaria equivalente al 2% del costo anual de la energía reservada. Estimó esa garantía en unos US$ 40 millones. De no hacerlo, la ANDE podría anular el contrato.
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Silencio de ambas partes
ABC intentó obtener información sobre la reunión a través de fuentes de la ANDE. El gerente técnico, Víctor Alí, respondió que estaba recorriendo obras de transmisión y pidió consultar con la gente de prensa.
Desde la oficina de prensa de la estatal tampoco dieron datos. Alegaron que también estaban averiguando.
Báez, por su parte, tampoco respondió. Desde que asumió la presidencia de la ANDE, decidió no contestar las consultas de la periodista de Energía de ABC, ni por escrito ni por llamadas. Atome también se llamó a silencio sobre la reunión.
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Lo que plantea Atome
Gross Brown, en entrevista con radio Monumental, sostuvo que su cliente busca concretar “la inversión más grande privada, en los últimos tiempos del Paraguay”. Insistió en que es “absolutamente privada”: “No hay ninguna alianza público-privada, no hay ninguna subvención, no hay ningún subsidio”.
Explicó que Atome pide “una tarifa funcional para ambas partes”, en una situación de “ganar, ganar”. Dijo que la empresa no se cierra a una tarifa específica y que está abierta a factores de ajuste o recálculos a partir de los cinco años. Lo que necesita, subrayó, es “previsibilidad”.
Puso como ejemplo una frase del contrato que remite al Pliego de Tarifas N° 21 “o cualquiera que la pueda cambiar en el futuro”. Según el abogado, si dentro de un año hay un cambio de pliego y se duplica la tarifa, la empresa quedaría en una situación “bastante incómoda”.
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Decretos derogados y reglas de juego
Gross Brown recordó que los decretos Power to X fueron emitidos en enero, modificados en abril y derogados en junio. Según dijo, eso cambió las reglas de juego.
Afirmó que, aunque Atome no llegó a firmar un contrato bajo esa tarifa, había iniciado los trámites y obtenido una resolución del Ministerio de Industria y Comercio que la habilitaba a acceder al régimen.
“Nosotros en ningún momento pedimos una tarifa preferencial”, aseguró. Según él, las tarifas industriales en 220 y 66 kV oscilan hoy los 35 dólares. También negó que exista una “tarifa técnica” ni que la empresa haya pedido subsidios.
“Hoy lo que no hay es una garantía de que no les vayan a cambiar las reglas de juego (a Atome)”, afirmó. Para el abogado, la seguridad jurídica pasa por “reglas claras, contratos sólidos, comunicaciones claras y promesas cumplidas”.
El plazo y el arbitraje
Gross Brown confirmó que Atome dio tres meses al Gobierno para reencauzar la inversión mediante el Aviso de Controversia. Dijo que la notificación se hizo “alrededor del 15 de septiembre” (el 17, realmente), por lo que el plazo vencería el 17 de diciembre.
Si no hay acuerdo, el caso iría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington D.C., bajo el tratado bilateral de inversión entre Reino Unido y Paraguay. “Estamos confiados también que tenemos el derecho de nuestro lado”, sostuvo.
Advirtió que el costo de la incertidumbre crece cada día: “No podemos patear este tema para el primer trimestre del año que viene”. Báez, en cambio, dijo el lunes que la disputa “no es un problema legal, sino comercial” y afirmó que en Villeta Atome “no tiene nada construido”.