La distribución tarifaria en Estados Unidos evidencia severas distorsiones geográficas y estructurales que no siempre responden a la disponibilidad natural del recurso. Por un lado, estados como Idaho registraron la factura promedio más baja con US$ 285,61 anuales, mientras que en Virginia Occidental la cifra ascendió a US$ 1.382,27.
En el caso de California, la factura media llegó a US$ 693 tras experimentar un alza del 83% en la última década, impulsada por la disminución del 20% en el caudal del río Colorado a lo largo del presente siglo. Por esto, el incremento afecta de forma crítica a los residentes de bajos ingresos, quienes en su mayoría no pueden costear el servicio.
No obstante, las tarifas más elevadas no obedecen exclusivamente a la sequía climática. Seis de las diez facturas promedio más caras del país correspondieron a Virginia Occidental y Pensilvania, zonas que son cubiertas principalmente por proveedores privados. A nivel nacional, las empresas de agua privadas cobraron en promedio US$ 823 al año, en comparación con los US$ 494,05 de las empresas de servicios públicos municipales, lo que representa un recargo del 67% derivado únicamente de la naturaleza jurídica del prestador.
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En Estados Unidos, una de las razones que justificarían el alza de los costos es la necesidad de financiar el mantenimiento de redes de distribución envejecidas y deterioradas. Un estudio de Bluefield Research indica que casi el 20% del agua bombeada por las empresas de servicios públicos se pierde por filtraciones en las tuberías antes de llegar a las viviendas, lo que genera un costo superior a los US$ 6.000 millones anuales. Adicionalmente, las fugas en las instalaciones domésticas desperdician otros 900.000 millones de galones cada año, volumen suficiente para abastecer a 11 millones de hogares.
Esta pérdida masiva de recursos e ingresos genera un círculo vicioso, las empresas pierden dinero por las fugas, pero sin los ingresos suficientes no pueden costear las reparaciones, lo que agrava las pérdidas operativas. La Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas calcula que la brecha de financiamiento para reparar la infraestructura hídrica ascenderá a US$ 2,1 billones en los próximos 25 años.
Pese a esta magnitud, los fondos federales destinados a la reparación de la infraestructura hídrica muestran una severa reducción. El presupuesto de la administración contempla recortar la partida asignada de US$ 23.000 millones en el año fiscal 2026 a tan solo US$ 8.600 millones en 2027.
Por su parte, en Paraguay la abundancia de recursos hídricos tampoco garantiza por sí sola un acceso universal y sostenible al agua potable. En 2025, el 87,2% de los hogares accedía a agua potable a través de Essap, juntas de saneamiento, redes comunitarias o prestadores privados, lo que todavía deja una brecha por cubrir.
El desafío adquiere especial relevancia en Asunción y el departamento Central, donde gran parte del abastecimiento depende del Acuífero Patiño y conviven numerosos prestadores públicos, comunitarios y privados. Esta estructura fragmentada dificulta aprovechar economías de escala y plantea desafíos de regulación, inversión y calidad del servicio.
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Finalmente, frente a la consideración del agua como el “nuevo oro” de la economía global, se vuelve indispensable establecer mecanismos de fijación de precios que garanticen el derecho humano al agua y desincentiven el consumo desmedido en sectores de alta demanda, como los centros de datos o la agricultura intensiva en zonas desérticas.
Como una alternativa, estructurar las tarifas en valor de las propiedades disminuiría el costo para la mayoría de los residentes y distribuiría la carga financiera de manera más equitativa. Discutir una tarifa justa resulta urgente para proteger a los sectores vulnerables y preservar un recurso vital en acelerada escasez.
* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones