El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificó que el Ministerio Público actuó de manera inmediata tras recibir la denuncia del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en relación con la situación del banco Ueno.
Consultado sobre las críticas acerca de una supuesta tardanza en la ejecución de los allanamientos, Rolón explicó que el propósito inicial de dichos operativos era evitar fugas ante los rumores de que los sospechosos habrían abandonado el país.
En este sentido, defendió la efectividad de las diligencias al señalar que “se logró la presencia de algunos en forma voluntaria y otros después también, y prácticamente el allanamiento quedó desmotivado”.
Seguido añadió: “Hoy están prácticamente los ocho imputados, imputados en el sentido de sospechados. Eso es lo que hay que evaluar y entender que la efectividad se produjo”.
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Aristas internacionales y el rol del BCP
El titular del Ministerio Público reconoció que el caso posee ramificaciones complejas y de carácter transnacional, lo cual exigirá una cooperación estrecha más allá de las fronteras nacionales.
“Probablemente, la recuperación de activos sea a realizarse por vías internacionales. Se habla de algunos bancos del exterior que intervienen o que de alguna forma captaron los ahorros, por ejemplo”, indicó.
Al mismo tiempo recalcó el compromiso de la institución con la ciudadanía: “Es muy, muy importante que demos esa visión de que nos preocupa el pueblo y que queremos dar respuesta al tema”.
Sobre el origen de la causa, Rolón aclaró que la investigación se impulsó a partir de la presentación formal realizada por el Directorio del BCP, el cual determinó la liquidación de la entidad afectada.
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No obstante, advirtió que las pesquisas no se limitarán a esta etapa inicial: “Todo lo que sea investigable surgirá de acuerdo a las informaciones que se capten en este caso. Esto no quiere decir que si hay otros participantes criminales la investigación no se extienda”.
Autonomía institucional frente al Ejecutivo
En cuanto a supuestas comunicaciones o influencias del Poder Ejecutivo sobre el curso de las indagatorias, el fiscal general fue enfático en descartar cualquier injerencia y recordó los principios constitucionales que rigen la labor fiscal.
“El sistema de gestión está marcado en el artículo 3º de la Constitución Nacional, que habla de ‘independencia, coordinación, armonía y recíproco control’”.
En la misma línea, criticó la percepción sobre las relaciones entre poderes del Estado: “Yo creo que hay que cambiar ya ese chip de que la gente cree que porque se habla con alguien de otro poder ya hay una especie de instrucción que se recibe. El Ministerio Público es independiente, autónomo, funcional y administrativamente”.
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