Cargando...
¡Qué “simpático”! Por un lado, autoridades del Ministerio de Hacienda comunican que se vuelven a subir los impuestos sobre los combustibles y, por el otro, en un intento de esquivar el bulto, declaran que ello no se tiene que trasladar al público. Parece que nos toman por estúpidos. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), como su nombre lo indica, siempre es pagado por los consumidores y por nadie más. Si ello se refleja ahora o después en el precio final no cambia el hecho de que, a partir del 1 de enero, una parte mayor de lo que se abona al cargar el tanque va al fisco para solventar el gasto público. Por razones político-electorales, el Poder Ejecutivo no vetó los desfinanciados incrementos en el Presupuesto 2023 y ahora tiene que exprimir todo lo que pueda a los contribuyentes para cubrirlos. Ese es el verdadero trasfondo de la medida y esto recién comienza.
En febrero del año pasado, en medio de la disparada de la cotización internacional del petróleo y derivados por la guerra en Europa, el Gobierno redujo la base imponible para la liquidación del ISC en los despachos de importación de gasoíl y naftas, lo cual significó, según informaron, una merma de 60 millones de dólares en las recaudaciones. Ahora alegan que dicha cotización ha comenzado a bajar y que “ya era necesario volver a la normalidad”.
Inmediatamente, varios emblemas, incluyendo el estatal Petropar, procedieron a ajustar sus precios, lo cual fue criticado por esas mismas autoridades, supuestamente porque los importadores cuentan con stock y el impuesto todavía no les afecta, amén de que la tendencia a la baja en el mercado internacional debería tener un mayor correlato en los valores domésticos.
En contrapartida, los operadores del sector sostienen que la cotización internacional, especialmente del gasoíl, todavía no se ha reducido a los niveles anteriores a la crisis y que, a 3 dólares el galón, más la suba del tipo de cambio, más la liberación de los márgenes de los servicentros, los precios actuales son los que se pueden mantener. En cuanto a la disponibilidad, señalan que ellos deben tener en cuenta el costo de reposición para asegurar el abastecimiento y velar por la salud financiera de sus empresas.
Más allá de los argumentos de unos y otros, la verdad es que Hacienda no tiene facultades para inmiscuirse en la estructura de costos de compañías privadas, cuyos precios son un factor de negociación entre ellas y sus clientes en un ámbito de libre competencia. Si el Gobierno quiere modificar la base del Impuesto Selectivo al Consumo dentro del margen que le permite la ley puede hacerlo, pero que asuma la responsabilidad y no pretenda decir una cosa por otra. Se trata de una suba impositiva que, necesariamente, se incorpora al precio que paga el consumidor en la estación de servicio.
Con el inflado y deficitario Presupuesto sancionado por la mayoría parlamentaria y ahora promulgado por el Poder Ejecutivo con motivaciones electorales, para congraciarse con sectores del funcionariado y pequeños grupos de presión a costa de toda la ciudadanía, el 90 por ciento de los ingresos tributarios genuinos del Estado paraguayo están asignados a gastos rígidos, que son remuneraciones, jubilaciones y el servicio de la inatajable deuda pública, por lo que Hacienda ya no tiene espacio para hacer recortes, tiene que conseguir los recursos como sea. Esta medida sin dudas está enmarcada dentro de ese contexto.
Y no será la única. Estimaciones econométricas realizadas en el segundo semestre de 2022 por profesionales de reconocida solvencia y experiencia en el análisis de las finanzas públicas ya mostraban que solo con una estricta disciplina fiscal de varios años consecutivos, lo que suponía el retorno inmediato al tope del 1,5% del PIB en el déficit, se podría evitar que este, y sobre todo el próximo gobierno recurrieran a subas sustanciales de impuestos. Ese postulado está muy lejos de cumplirse. De hecho, el Presupuesto vigente ya contempla de antemano un déficit que es casi el doble de ese tope, sin considerar las ampliaciones presupuestarias y las posibles emergencias que se produzcan durante el ejercicio. Por lo tanto, no resta más que esperar nuevos manotazos a los bolsillos de la gente como el que se acaba de anunciar.
Es el costo del despilfarro del dinero ajeno por parte de la mayoría de la clase política en favor de sus propios privilegios y de su clientela en el aparato estatal. Tratarán de endulzarlo por todos los medios, buscarán desviar la atención, pero el que va a pagar la cuenta va a ser siempre Juan Pueblo.