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En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, sostuvo que “resulta imperioso poner de manifiesto el estrés al que se halla sometido el Presupuesto” y que el constante aumento de los gastos ha ocasionado “un descalce financiero de graves e impredecibles consecuencias en lo que respecta a los servicios personales”. En 2022, estos insumieron 674.550 millones de guaraníes, suma a la que debe agregarse la resultante del aumento salarial del 7,2% dispuesto en noviembre, el segundo del mismo año. En estas condiciones, es natural que el “estrés” se haya agudizado y las consecuencias del “descalce” sean cada vez más previsibles: la cesación de pagos y el pedido de auxilio al Gobierno central.
El “bicicleteo” de larga data –endeudarse para cubrir deudas– continúa sin que la Intendencia ni la Junta Municipal se atrevan a sanear las cuentas que han venido viciando a lo largo de los años, mediante el prebendarismo y la corrupción pura y dura. Los concejales acaban de escribir un nuevo capítulo de esta lamentable historia al aprobar, por amplia mayoría, una emisión de bonos por valor de 195.000 millones de guaraníes, a un interés de nada menos que el 16,5%, para rescatar totalmente dos bonos emitidos bajo las administraciones de Arnaldo Samaniego (ANR) y Mario Ferreiro (Avanza País), y parcialmente otros dos de la cosecha de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR). La ruinosa Municipalidad, cuya deuda actual ronda la friolera de ocho billones de guaraníes, terminaría pagando ahora ¡155.000 millones, solo en concepto de intereses!
El edil Enrique Berni (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, afirma que “no es ilegal” recurrir a un crédito para pagar deudas. Aparte de que resulta irracional apelar a una política financiera que, tarde o temprano, será insostenible, ocurre que una gran parte del endeudamiento implicó una clara violación del art. 197 de la Ley Orgánica Municipal (LOM), que prohibe explícitamente “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. Para dar solo un ejemplo, en agosto de 2022, una gran mayoría de los concejales aprobó un préstamo de 250.000 millones de guaraníes para abonar los salarios reajustados de sus casi nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros; en la ocasión, Álvaro Grau (PPQ) dijo a sus colegas que “ya estamos luego en la quiebra; antes se hacía el préstamo (ilegal, acotamos nosotros) en diciembre”. Esta observación no pareció conmover a muchos, aunque sí se habló de la necesidad de aumentar los ingresos tributarios, recordándose el fracaso de la “tercerización” a cargo de TX Panamá, cuyo contrato fue rescindido.
El intendente Nenecho llegó a lamentar que solo la mitad de los sujetos obligados paga impuestos, lo que puede atribuirse, en todo caso, a la ineficiencia y a la corrupción de las oficinas recaudadoras, como al desincentivo que implica advertir que lo ingresado sirve sobre todo para solventar gastos rígidos. Sin duda, es preciso mejorar la recaudación, pero no para seguir alimentando al personal incorporado sin necesidad alguna, incluso importando comisionados de otras entidades públicas, sino para aumentar notablemente los gastos de inversión que requiere una ciudad tan estropeada. En la última sesión, la edil Jazmín Galeano (PEN) señaló con acierto que para reducir el endeudamiento habría que empezar por despedir a los planilleros de la Junta y de la administración municipal, opinión que habrá disgustado bastante a los “padrinos” que la escuchaban y que hicieron que ese cuerpo colegiado tenga unos 50 empleados por cada uno de sus 24 miembros. Urge, pues, reducir en gran medida el vasto plantel presupuestívoro.
Es obvio que la evasión tributaria está ligada a la corrupción, que no ha amainado ni siquiera durante la pandemia; al contrario, ella sirvió para que se cometieran delitos, constatados por la Contraloría General de la República, en la gestión de los fondos de emergencia. Es sabido que el Mercado N° 4 y el de Abasto son fuentes de copiosos ingresos ilícitos en la administración de los permisos para instalar puestos de venta, y que la Policía de Tránsito se presta al soborno o hasta lo reclama. Desde luego, las tradicionales licitaciones públicas amañadas son mucho más provechosas para los corruptos de siempre, estratégicamente instalados.
Vale destacar que, además de los concejales Álvaro Grau y Jazmín Galeano, también se opusieron al renovado “bicicleteo” sus colegas Rosana Rolón (ANR), Fiorella Forestieri (PLRA) y Paulina Serrano (PPQ), en tanto que Humberto Blasco (PLRA) se abstuvo de votar, esto es, no supo si estaba mal o bien endeudarse para pagar bonos emitidos ilícitamente con el fin de financiar gastos corrientes. El resto está conforme con la situación, que va en contra de los contribuyentes de hoy y de mañana; pensarán que después de ellos bien puede venir el diluvio. La mayoría de 18 concejales se mantuvo constante en los tres casos de despilfarro o endeudamiento referidos, lo que significa que hay un sólido bloque dispuesto a que todo siga igual, pese a la alarma antedicha del propio jefe de Gabinete, también ignorado por el propio Nenecho.
Así les va a los asuncenos, viviendo en una ciudad desastrosa, mientras la Intendencia y la Junta Municipal siguen apretándoles la soga al cuello, además de quebrantar la ley y la moral.