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El ahora exviceministro de Transporte, Víctor Sánchez, confirmó lo que ya se sabía, esto es, que el subsidio al transporte público de pasajeros en la Gran Asunción supone la comisión continua del delito de “adquisición fraudulenta de subvenciones”, castigado con hasta cinco años de cárcel o con multa. En los últimos tres meses, las empresas falsearon datos del billetaje electrónico para registrar 26.000 validaciones de pasajeros inexistentes y apropiarse así en forma indebida del dinero de todos; es obvio que si la investigación se remontara hasta un año atrás e incluyera a todas las prestadoras del pésimo servicio, tendría que ser mucho mayor la cifra de las validaciones presuntamente dolosas reportadas por el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) al Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico, para que el Gobierno fije el precio “técnico” del pasaje y cubra su diferencia con respecto al efectivamente abonado.
El viceministro defenestrado habló de “cantidades industriales” e hizo la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público, cuya intervención ya se imponía incluso de oficio. Por cierto, este órgano debería ocuparse además de la eventual comisión del hecho punible de lesión de confianza, perpetrado por quien no evita un daño patrimonial a un interés relevante para un tercero, cuya protección se le confió en base a una ley o a una resolución administrativa: está sancionado con cinco años de prisión o con multa. En otras palabras, también tendría que ser investigado el propio exviceministro, quien nunca auditó los datos del billetaje electrónico, porque tendría pocos funcionarios y mucho trabajo: un vulgar pretexto para librarse de responsabilidades.
Gracias a una acción judicial promovida contra el Viceministerio por la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), por haberse negado a brindar informaciones, se supo que hay usuarios que gastan nada menos que siete millones de guaraníes mensuales con una sola tarjeta del billetaje; uno de ellos usó la suya para realizar cien viajes en un solo día. Estos increíbles datos muestran que los “empresarios” fraudulentos, aparte de chantajistas, creen innecesario disimular sus fechorías, quizá porque tienen motivos para contar con la benevolencia del Viceministerio, que el año pasado avaló un subsidio de más de US$ 34 millones, financiado por contribuyentes de todo el país. El monto del subsidio se funda, entre otras cosas, en las informaciones del Cetrapam, cuya operadora con la tarjeta Jaha controla el 70% del mercado del billetaje electrónico, es decir, el mismo gremio brinda los datos –aceptados a ciegas– que sirven para calcular las sumas que recibirán sus miembros, como si no tuviera ningún interés particular en la cuestión.
Con ese mismo documento obtenido vía judicial se descubrió que el propio Viceministerio legalizó las humillantes reguladas al reemplazar la frecuencia de cada 10 minutos por cuatro buses en circulación por hora, la disminución del 50% de la flota en días lluviosos y un bus cada 60 minutos en horario nocturno. Como si todo fuera poco también se redujeron las multas a los infractores.
Dado que el crédulo Viceministerio no lo controla, los “empresarios” se permiten falsear datos con el mayor desparpajo. Según el viceministro saliente, que ocupó el cargo durante dos años, se trataba de un “aprendizaje”. Se negó a renunciar, o sea, quiso seguir aprendiendo a costa del erario, como si el sentido común nunca le hubiera dicho que es absurdo dar por ciertos, sin un riguroso examen previo, las cifras proveidas por quienes pretenden beneficiarse con fondos públicos. Por cierto, las odiosas estafas relativas al transporte de pasajeros en la Gran Asunción son de larga data: en 2016, el agente fiscal Yoan Paúl López imputó a dieciocho “empresarios” por el cobro irregular de un subsidio, mediante certificaciones falsas de las unidades, sin que ninguno de ellos fuera condenado.
Lo referido con relación a los usuarios fantasmales resta credibilidad al informe que el Centro de Control y Monitoreo divulgó en octubre de 2022, según el cual el servicio de transporte público estaba creciendo: entre enero y agosto, las validaciones del billetaje electrónico habrían aumentado de 9.777.245 a 14.273.778, lo que bien podría atribuirse, en gran medida, al miserable fraude en cuestión; el Viceministerio ya tendría que haberlo conocido por entonces, aunque más no sea porque se había sido publicado un video que mostraba al chofer de un ómnibus validando una tarjeta del billetaje electrónico, mientras conducía un ómnibus de la Línea Ypacaraí (Línea 128).
El exviceministro Víctor Sánchez no tuvo la decencia de dimitir; invocó al presidente de la República, quien le habría instado a “seguir trabajando”, esto es, a seguir aprendiendo cómo hacerlo, mientras el fisco se desangra y los “empresarios” cobran gracias a una práctica delictiva, según fuertes indicios. Empero, fue “renunciado” en buena hora, siendo de esperar que su reemplazante Óscar Stark tome las medidas necesarias para acabar con los canallescos desmanejos en materia de subsidios. Que primero el Ministerio Público y luego la judicatura cumplan con sus respectivas obligaciones: los delincuentes del sector privado y sus cómplices del estatal deben conocer el interior de una cárcel o pagar una abultada multa, para bien de los contribuyentes y de los pasajeros; además, tienen que resarcir el perjuicio económico causado con sus acciones u omisiones ilegales. Es hora de poner fin a este viejo contubernio, tan costoso para el país como agraviante para la moral pública.