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Para mal del país, especialmente para la salud pública, el Senado envió al archivo el atinado proyecto de ley que pretendía suspender por cinco años la creación de carreras de Medicina, debido a la proliferación de las mismas en el país sin contemplar los rigores que deben existir en tan importante rubro, relacionado con la salud y la vida de las personas. El rechazo fue impulsado sobre todo por legisladores de la bancada de Honor Colorado y sus aliados de otras agrupaciones. Increíblemente, entre las argumentaciones para rechazar el proyecto se escucharon algunas que rayan en la irresponsabilidad, relacionando el factor meramente comercial para continuar habilitando dichas carreras. Ahí están las del senador Gustavo Leite (ANR, cartista), quien arguyó que en Pedro Juan Caballero llegan 9.000 estudiantes brasileños, que contribuyen con la economía del lugar con alquileres y compras de alimentos. Con razón, la senadora Blanca Ovelar (ANR, FR) advirtió que “no puede mencionarse este problema como una cuestión de mercado”.
Puede afirmarse así que la formación de médicos y la de personal de salud, en general, se ha convertido en nuestro país en una carrera mercantilista entre universidades e institutos de formación superior, algunos de los cuales llegaron a emitir títulos con firmas falsificadas del Ministerio de Educación y Ciencias, burlando no solo el sistema de control establecido sino el criterio selectivo y el celo académico puestos tradicionalmente en la carrera de Medicina.
Desde la fundación de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en 1889, nuestro país se mantuvo con una sola institución de estudios superiores, hasta que en 1960 se formó la Universidad Católica, y a partir de 1989, año de la caída de la dictadura, se disparó la creación de universidades privadas y con ellas, las carreras de Medicina, y de instituciones de educación superior para la enseñanza de todas las demás ciencias de la salud.
En principio es plausible que la población cuente con más oportunidades de estudios universitarios y que el sector privado incursione en las ofertas de estudios para satisfacer la creciente demanda existente. Sin embargo, muy pronto quedó demostrado que la “polución universitaria” estaba respondiendo a simples intereses meramente económicos, a los cuales se sumaron los intereses político-partidarios, en la línea del sistema clientelista y prebendario que rige en el país. De ahí, convertir a las nuevas universidades e institutos de educación superior en una maquinaria de mediocridad, estaba a un paso, y es en lo que ha desembocado últimamente.
Lo más grave de todo en este lamentable cuadro es la degradación en que ha caído la formación de médicos y de todas las demás profesiones sanitarias, con las lógicas secuelas de pésima atención y graves riesgos para la salud y la vida de los pacientes de cualesquiera de los centros asistenciales existentes en el país, desde los más modestos hasta los más sofisticados.
La situación se viene arrastrando desde hace varios años y esporádicamente estallan escándalos de clausuras de locales no habilitados, de títulos inválidos expedidos como si los portadores hubiesen cumplido con todos los requisitos para ejercer la profesión, falsificación de firmas, incumplimientos de sanciones de los organismos rectores y de control, como el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes), la Contraloría General de la República y el propio Ministerio de Educación y Ciencias.
El Círculo Paraguayo de Médicos y el Ministerio de Salud llegaron a detectar irregularidades en las universidades e institutos existentes y pidieron no habilitar más carreras de Medicina, por atentar contra la formación y cumplimiento de los criterios de calidad estandarizados en el Mercosur. La Contraloría también, el 3 de setiembre pasado, llamó seriamente la atención al Cones por continuar habilitando carreras de Ciencias de la Salud ante la comprobada falta de campos de práctica, los cuales se encuentran totalmente excedidos desde hace tiempo. En el año 2020, el ministerio del ramo ya declaró oficialmente la inexistencia de espacios de práctica, pero nadie se dio por aludido en el Cones. Ahora, el Círculo Paraguayo de Médicos trata de llamar la atención del Presidente de la República con una carta dirigida al mismo sobre el problema.
En el mes de marzo del año pasado, el Cones clausuró dos carreras de Medicina de la Universidad privada María Serrana, luego de mencionarse que intentó emitir 40 títulos a personas que no cursaron las materias. Las autoridades universitarias presentaron firmas presuntamente falsificadas de funcionarios del MEC, el cual elevó la denuncia del caso a la Fiscalía. Sin embargo, posteriormente el Cones decidió inexplicablemente levantar la sanción a la universidad mencionada, dejando sobre la mesa una cantidad de interrogantes.
Según el Registro Nacional de Carreras del MEC, hay 25 universidades, entre públicas y privadas, que ofrecen la carrera de Medicina, de las cuales solo 16 pasaron el proceso de evaluación de la Aneaes. La mayoría está asentada en la frontera con Brasil y apuntan a estudiantes de ese país. En el departamento Central hay unas 20 facultades que ofrecen dicha carrera. De acuerdo con datos de la Aneaes, solo cuatro son compatibles con los indicadores del Mercosur.
El prestigioso catedrático y científico Dr. Antonio Cubilla declaró que nuestro país solo necesita tres facultades de Medicina, por la cantidad de habitantes. Para la Organización Mundial de la Salud, es razonable una proporción de 0,5 facultades por millón de habitantes, lo que significa que para nuestro país son suficientes tres universidades de Medicina, como lo sostiene el Dr. Cubilla.
Si bien es cierto que con las históricas facultades de Medicina de la UNA y la de la Universidad Católica no era suficiente la atención de la demanda de estudios para la carrera, ambas instituciones constituían garantía de solvencia en la formación de profesionales del ramo. La creación del Cones y de otras instituciones de evaluación y control tenía como finalidad poner mayor criterio de rigurosidad profesional y científico en la habilitación de universidades e institutos superiores de educación, pero los hechos demuestran que las mismas se sumaron simplemente al relajo y a la disminución severa de control, cuyo resultado es la proliferación de estos centros de enseñanza y la mediocridad de la mayoría de los egresados de los mismos. La salud de la población no tiene buen futuro en nuestro país con esta escandalosa corrupción académica.