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Con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró el Estado de Excepción, con toque de queda e intervención militar, ante el “conflicto armado interno” desatado por veintidós bandas ligadas al narcotráfico que reúnen a unos veinte mil “terroristas”, tras la fuga de un jefe mafioso de una cárcel quiteña que controlaba, tras enterarse de su pronto traslado a una de máxima seguridad, gracias a sus secuaces insertos en el aparato estatal. Cualquier semejanza con nuestra realidad... queda a criterio de nuestros lectores.
La captura de guardiacárceles, la ocupación de un canal televisivo público y los ataques incendiarios contra buses dan cuenta de que el crimen organizado ha podido entrar en una guerra abierta contra las instituciones y la sociedad civil, porque –a lo largo de al menos dos décadas– ha podido desarrollarse sin grandes interferencias, más aún que Ecuador ocupa, por su ubicación geográfica, un lugar clave para la distribución internacional de drogas ilícitas. El monstruo de mil cabezas vino ganando terreno, tal como lo está haciendo en nuestro país, hasta el punto de que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez ha insistido en que el crimen organizado se ha introducido en todas las instituciones, sin que sus palabras hayan sido seguidas por acciones contundentes que apunten a la depuración necesaria.
El exdiputado Ulises Quintana y el senador Erico Galeano, colorados cartistas, están acusados e imputados, respectivamente, por supuestos delitos vinculados al tráfico de drogas y de lavado de dinero y asociación criminal. A la sarta de lacras que golpean a nuestro país se ha sumado el tráfico de armas con la aparente participación de altos oficiales militares que habrían querido imitar a los cuadros policiales enviciados hasta la médula, como nadie ignora. Si las bandas criminales ecuatorianas tenían en sus manos los presidios de su país, los del nuestro están siendo disputados por las organizaciones brasileñas Primer Comando da Capital y Comando Vermelho, así como por el paraguayo Clan Rotela, cuyo líder Armando Rotela llegó a manejar el de Tacumbú, desde donde dirigía su lucrativo negocio y movilizaba a sus seguidores del Bañado Sur capitalino, antes de ser trasladado a otra cárcel.
Es de esperar que no sea aún demasiado tarde para impedir que el Paraguay corra la misma suerte que Ecuador, Colombia o México, para lo cual será preciso movilizar, en primer lugar, a la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la Secretaría Nacional Antidrogas y a la Policía Nacional. Sería deseable no llegar al extremo de lanzar al combate a las Fuerzas Armadas, por lo que es imperioso hacer ahora el máximo esfuerzo para evitar que estalle un “conflicto armado interno”, como en el Ecuador, porque los organismos de seguridad no han podido sofocar sus preparativos. Es preocupante el auge de la inseguridad, con el aumento de los casos de sicariato, los asaltos y otros graves casos como el más reciente de Pedro Juan Caballero, con el asesinato a sangre fría de nada menos que seis personas.
El Estado debe conservar de hecho y de derecho el monopolio de la fuerza, impidiendo que los grupos criminales se doten de un arsenal capaz de poner en zozobra al país, tal como ha ocurrido también en El Salvador, hasta que su actual Gobierno decidió enfrentar la situación con amplias y drásticas medidas. Ante tan negra perspectiva, debería empezarse a cortar la amenaza cierta que las pandillas suponen para la seguridad interna. Es necesario enfrentar los hechos desde los inicios, para no toparse con hechos consumados como el de que el crimen organizado se crea capaz de poner de rodillas a las instituciones. La mafia no debe convertirse en un Estado dentro del Estado fallido: la línea que separa a los agentes públicos de los criminales debe ser muy clara, de modo que se debe empezar por limpiar la casa.
Hay que romper las alianzas entre los “polibandis” y los hampones, así como entre los jerarcas estatales y los capos de la mafia, forjadas a lo largo de los años. Al respecto se puede recordar que ya en noviembre de 2014, una comisión senatorial denunció los vínculos entre ciertos legisladores y el narcotráfico; poco después, Hugo Velázquez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que el crimen organizado se había introducido en los tres Poderes del Estado. Esas llamadas de alerta no tuvieron mayores consecuencias, al punto de que, en líneas generales, las cosas siguieron igual o peor, lo que resulta alarmante.
Tras lo ocurrido en el Ecuador, también puede recordarse que la ciudad argentina de Rosario ya ha sido copada en gran parte por el narcotráfico. Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, donde se registran frecuentes hechos de violencia la mayoría de las veces impunes, podrían correr en breve la misma suerte, si las autoridades políticas, judiciales y policiales se cruzaran de brazos, como si las actividades ilícitas en auge fueran “vyrésa” (minucias), al decir de cierto lamentable expresidente de la República. Urge parar el carro a las bandas criminales, en defensa de la vida, la libertad y los bienes de las personas. El Paraguay no debe convertirse –definitivamente– en un Estado fallido.