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Tras la reunión en Brasilia de los presidentes Santiago Peña y Lula da Silva y las posteriores declaraciones del canciller Rubén Ramírez Lezcano, una vez más queda en evidencia que el Gobierno solo busca lo que llaman “acuerdo operativo” en Itaipú y no una restitución de los legítimos derechos de Paraguay. Aunque el canciller habló del Anexo C y de “constituir una visión para los próximos 50 años”, dejó claro que la prioridad se centra en definir “una tarifa adecuada” que “permita el financiamiento de programas y proyectos”. Leyendo entre líneas, eso significa que, una vez más, simplemente se pretende una pequeña concesión del Brasil para, en esencia, dejar todo como está.
Como es lógico, la mayor parte de la opinión pública solo tiene una noción somera del tema, lo cual ha facilitado la popularización de la idea de que las grandes reivindicaciones paraguayas en Itaipú pasan por la tarifa, y no es así. La verdadera cuestión de fondo en Itaipú es que, en los papeles, Paraguay es dueño de unos 45 millones de megavatios/hora de electricidad generada cada año por la central, pero, en la práctica, después de cincuenta años y ya cancelada toda la deuda, consume 25 millones y le cede todo el resto a Brasil por migajas.
Itaipú fue concebida como una entidad sin fines de lucro, con el objetivo de explotar un valiosísimo recurso natural compartido en partes iguales por Brasil y Paraguay, que es el gigantesco potencial energético creado por la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú. En consecuencia, la tarifa –que es lo que le cobra Itaipú tanto a la ANDE como a la operadora estatal brasileña– debe reflejar estrictamente el precio de costo, ni un dólar más ni un dólar menos, tal como está expresamente establecido en el Tratado.
Por lo tanto, no existe “una tarifa adecuada”, sino que esta debe surgir de un cálculo matemático y contable objetivo, que es el prorrateo de todos los costos por el total de la potencia contratada. Ocurre que, al terminar de cancelarse la deuda de Itaipú en 2023, esos costos de la entidad se redujeron dramáticamente y, con ello, la tarifa, lo cual, en teoría, beneficia tanto a Brasil como a Paraguay, propietarios de una enorme hidroeléctrica ya completamente amortizada y de una fuente prácticamente inagotable de energía limpia, renovable y, ahora, muy barata.
¿Por qué entonces se insiste tanto en la tarifa? Porque mientras Brasil quiere que se cumpla el Tratado y se reduzca la tarifa a lo que corresponde, Paraguay plantea que se la eleve por encima del precio de costo real, con el objetivo de generar una diferencia a ser repartida en partes iguales con Brasil en forma de “gastos sociales”, lo que le daría al Gobierno un monto considerable para gastar discrecionalmente a cuenta de Itaipú, sin pasar por el Presupuesto público. A eso aluden cuando hablan de “acuerdo operativo”.
En números, Brasil considera que la tarifa real es la que rige, de hecho, en la actualidad, de 16,71 dólares el kilovatio/mes, y hay fuentes técnicas brasileñas que indican que, incluso, debería bajar a 10 dólares el kW/mes, mientras que Paraguay defiende una tarifa superior a 20,75 dólares el kW/mes.
La lógica de esto es que Brasil contrata algo más de 70% de la potencia y Paraguay algo menos del 30%, y, por ende, una mayor tarifa recaería proporcionalmente más sobre Brasil que sobre Paraguay, pero la verdad es que ello no es significativo para nuestro vecino que, de todos modos, lo que hace es revender esa energía, incluida la porción sobrante paraguaya, a cotización mayorista entre alrededor de 150 operadores privados del desmonopolizado mercado eléctrico brasileño, que son los que finalmente llegan y facturan al consumidor final.
Casi con toda seguridad, lo que terminará ocurriendo es que se va a llegar a un punto medio, el Gobierno paraguayo quedará contento con sus apetecidos “gastos sociales”, lo que para Brasil apenas sería otra migaja más para poder seguir manteniendo en todo lo esencial el statu quo.
El canciller dijo que “el presidente está desarrollando políticas para incentivar el desarrollo de la industria, con mejores condiciones de transmisión y distribución” para poder aprovechar el 50% que le corresponde en Itaipú y Yacyretá. Por supuesto que lo ideal es que Paraguay utilice toda su energía en su propio desarrollo, pero la realidad es que, en el mejor de los casos, todavía falta por lo menos una década para que eso sea factible. Entretanto, solo en Itaipú Paraguay prácticamente le regala 20 millones de MWh al año al Brasil, que por ello paga el precio de costo (tarifa de Itaipú), más una ínfima “compensación” de 10 dólares el MWh, para luego comercializar a precio de mercado esa energía paraguaya y quedarse con la renta. Mientras esas condiciones no cambien, cada día que pasa va en detrimento del interés nacional.