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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, bajo la presidencia de la primera, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En efecto, en su fallo sobre el comiso de bienes del “hermano del alma” brasileño del expresidente Horacio Cartes, por valor de unos cien millones de dólares, señaló que dicho órgano se abstuvo de pedir esa medida en tiempo oportuno, alegando erróneamente la rebeldía del “doleiro” y de su hijo Dan, y de investigar a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuya conducta al menos “culposa” habría facilitado las actuaciones de quien en 2020 fue condenado en su país a trece años y cuatro meses de cárcel, por lavado de dinero.
No es temerario suponer que las omisiones atribuidas a los fiscales intervinientes –Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Diego Arzamendia y Jorge Arce– mucho tuvieron que ver con que la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez aparentemente haya estado a las órdenes de Horacio Cartes, así como al parecer también lo estuvo el expresidente de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich, imputado el 13 de junio de 2023 por los fiscales Cabrera y Arzamendia, entre otros, porque habría frustrado la investigación, el secuestro y el comiso de bienes del brasileño de marras.
En otros términos, las negligencias pudieron haber sido inducidas por razones obvias, lo que no libraría de responsabilidad a quienes las habrían cometido y aún ejercen una función pública. Es más, Osmar Legal será en breve juez penal de Garantías del Fuero Especializado en Crimen Organizado, en tanto que Liliana Alcaraz ya pasó a dirigir –justamente– la Seprelad y por ende a representar al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que siempre insiste en la necesidad de sancionar con rigor a los delincuentes de guante blanco: ¿tendría algo que decir esta organización con respecto al fallo que critica enérgicamente a Liliana Alcaraz, entre otros?
También Juan Manuel Benítez Fleitas sigue al servicio del Estado: siendo director de Cumplimiento del BNF, habría actuado para mantener activas las cuentas de Messer y de sus firmas Matrix SA, Chai SA y Matrix Plus SA; ellas habrían sido constituidas y capitalizadas ilegalmente entre 2011 y 2013, lo que, según el Tribunal de Sentencia, ya justificaba el comiso autónomo de las ganancias del lavado de dinero, antes de que prescribiera ese hecho punible. Si Óscar Boidanich está procesado por haber frustrado el comiso, cabría preguntarse al menos si no conviene investigar también a los fiscales. Por cierto, en 2019, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) denunció ante el Ministerio Público que Messer lavó dinero con la complicidad de altos funcionarios del BNF, motivo por el que el Banco Central le aplicó a esa entidad bancaria estatal dos años más tarde una multa de diez mil millones de guaraníes por “faltas administrativas”, pese a que los funcionarios son personalmente responsables por las transgresiones, los delitos o las faltas que cometan en el cargo.
En su momento, el órgano encabezado por la servil Sandra Quiñónez se cruzó de brazos y la multa fue financiada con fondos públicos, quedando impunes los funcionarios del BNF que, conforme al fallo comentado, “simulaban” cumplir con su deber examinando si Messer poseía tierras para lograr un crédito, cuando que, según el Tribunal de Sentencia, “el problema no era el negocio que se llevaba a cabo en el Paraguay, sino de dónde provenía el dinero” depositado en las cuentas del susodicho. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, hará bien en disponer que se investiguen los manejos de los agentes fiscales y de los empleados bancarios en este hediondo asunto, si aún no han prescrito las eventuales acciones penales pertinentes. Debería intervenir además el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), atendiendo la seriedad de los nada asombrosos reparos del citado Tribunal, el mismo que develó la confabulación de jueces y fiscales con Ramón González Daher, el gran usurero finalmente condenado.
También en torno al caso referido habría indicios de un complot, esta vez entre agentes del Ministerio Público, funcionarios del BNF y el personaje ligado a cierto poder político y económico, de hecho tan vigente hoy como entre 2013 y 2018. El “hermano del alma” estuvo aquí bastante bien protegido: el juez Miguel Tadeo Fernández ordenó su detención el 4 de mayo de 2018, pero terminó siendo capturado en el Brasil el 31 de julio de 2019, tras haber sido prácticamente de conocimiento público que el prófugo se alojaba en estancias de compatriotas suyos, afincados en el norte de la región oriental del país. El Ministerio Público y el JEM tienen que tomar nota de las serias observaciones del Tribunal de Sentencia, para cerrar como es debido este negro capítulo de la historia contemporánea de la corrupción impune, debido a lo que aparenta ser un contubernio entre el Estado y la mafia.