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Doce días antes del inicio del año lectivo y fundado en el “estudio de microplanificación” de los respectivos directores, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que 4.219 de los 7.500 centros educativos públicos deben ser refaccionados. Si se hubiese referido también al mobiliario, el estado de los baños y otros requisitos básicos, el reporte habría sido aún más alarmante. No hizo falta, pues, esperar hasta abril los resultados de las consultorías contratadas en diciembre último, a un costo de 7.100 millones de guaraníes, solo para confirmar el mal estado de la infraestructura de 316 locales escolares. En enero, el ministro Luis Ramírez había anunciado, como si fuera algo digno de calurosos aplausos, que “150 escuelas van a comenzar el año reparadas, de una historia que viene desde hace diez años” y que sería atribuible a los pleitos con las firmas constructoras, que impiden la conclusión de los trabajos.
El MEC tiene una Dirección de Planificación y otra de Infraestructura, pero ni la una ni la otra son capaces, atendiendo esa experiencia, de prever a tiempo las medidas que deben tomarse para la seguridad de los docentes y de los alumnos; por lo visto, la Dirección de Infraestructura, en particular, no inspecciona las condiciones edilicias de los centros educativos y quienes los dirigen se abstienen de informarle regularmente acerca de ellas. Así que, mejor contratar una costosísima auditoría.
Se trata de una “vieja historia” que revela la ineptitud o la negligencia, tanto de los educadores como de los funcionarios, entre quienes figuran arquitectos e ingenieros. Las instalaciones sanitarias son un caso especial: habría unos 560 centros educativos que solo tienen una letrina, razón por la que al menos desde 2020 se habla de “letrina cero”. En enero, el ministro Ramírez prometió lograr tal objetivo este año, solo para contradecirse de inmediato: “si llegamos a 300 o 400, estamos bien”.
Como se sabe, también el programa “hambre cero” tiene desde ya sus dificultades, tanto político-administrativas como normativas. El intenso debate al respecto no debe hacer olvidar la gravísima cuestión del equipamiento de los centros de enseñanza. Es inadmisible que el almuerzo escolar se sirva en pésimas instalaciones, es decir “hambre cero” en escuelas destartaladas, que muchas veces solo cuentan con una letrina, de cuya existencia el MEC se entera a destiempo, según surge de estos dichos de su jefe: “A veces vos presupuestaste un baño y resulta que (...) había que hacer otro tipo de intervenciones donde ya no se presupuestó (...) siempre caemos en ese esquema de no terminar los baños”. Así que, la excusa es la de siempre: la falta de presupuesto, lo que probablemente sea verdad, porque hay que atender primero al ejército de “nepobabies” y otros presupuestívoros que infestan las oficinas públicas.
Más allá de las complicaciones burocráticas, es evidente que el sempiterno problema de la infraestructura educativa no es menos acuciante que el almuerzo para los alumnos: ellos deben recibirlo sin temer que un techo les caiga encima. Resulta irritante que el serio deterioro de la mayoría de los locales educativos ponga en riesgo la integridad física o hasta la vida de sus ocupantes, sin que hasta hoy sea posible mantenerlos siempre en buen estado.
Mientras el MEC malgasta alquilando lujosos departamentos como oficinas y contratando consultorías para averiguar lo que ya debería saber desde hace años, alumnos y docentes tienen que asistir a centros educativos mal equipados y peor construidos, sin que los intendentes, los gobernadores ni los concejales se inquieten. Solo resta entonces que los padres exijan con energía y perseverancia que sus hijos puedan ejercer en circunstancias dignas su derecho a la educación integral y permanente.