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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, valiéndose de una posición de privilegio como principal ordenador de gastos y responsable de la elaboración del Presupuesto General y del plan financiero del Estado, autorizó el pago de un subsidio familiar equivalente a un salario mínimo completo por hijo a los funcionarios de esa cartera, lo que se suma al sigiloso aumento salarial de entre 1 y 4 millones de guaraníes en la misma institución, introducido con engañosos eufemismos en el documento presupuestario que ellos mismos prepararon. No es la primera vez que ocurre esta abusiva práctica, pero en esta ocasión es todavía más indignante y cínica, porque el propio MEF y el propio Fernández Valdovinos impulsan –de boca para afuera, evidentemente– una ley para supuestamente transparentar y uniformar la política salarial y de beneficios, así como eliminar manejos discrecionales y discriminatorios en la función pública.
El subsidio familiar está contemplado en el Presupuesto para todos los entes, pero sujeto a disponibilidad de fondos que libera, justamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conforme a su plan de caja. Por ese motivo, en general, se restringe, tanto en cuanto al número de funcionarios que lo perciben como al monto, que es “hasta” un salario mínimo por hijo. Esto pasa en todos lados, menos en el antes Ministerio de Hacienda, cuya asignación presupuestaria es por lejos la más alta del Estado paraguayo, alrededor del 36% del total de la Administración Central con 16,7 billones de guaraníes, entre otras razones, porque allí se incluye lo correspondiente a la captación de préstamos y servicio de la deuda pública. Entonces, en el maremágnum, con la sartén por el mango que implica la facultad de confeccionar y ejecutar la reglamentación de la distribución de recursos, el MEF maneja buena parte de los gastos prácticamente a su antojo.
Esto le permite realizar maniobras como las comentadas, lo que genera las obvias protestas en los otros sectores del funcionariado, que se terminan resolviendo con transadas de alto contenido político entre sindicatos y administradores, en una espiral de incremento del gasto público a costilla de los contribuyentes.
Lo mismo con el aumento de sueldos en el MEF, que también alcanzó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, anterior Subsecretaría de Estado de Tributación, con la figura de una “adecuación salarial” correspondiente a la reciente creación de ese ministerio y de esta Dirección, “en línea con los objetivos institucionales, las nuevas funciones asignadas y los requisitos para mejorar el servicio”, de acuerdo con la “explicación” brindada por Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, como si ese fuera argumento suficiente.
El hecho es que el ministro de Economía, en nombre del Presidente de la República, durante el tratamiento del Presupuesto 2024 sostuvo la postura de que este año no habría ajustes salariales salvo casos muy puntuales, por la necesidad de reducir los gastos fijos y corrientes. Lo que no dijo fue que eso era para los demás, no para ellos, tal como nos enteramos después por comparaciones de datos realizadas por la prensa.
Con estos antecedentes, cabe anticipar que tampoco estarán muy dispuestos a cumplir los postulados declarados en el proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso el pasado 13 de febrero, con la firma de puño y letra precisamente de Fernández Valdovinos.
En la exposición de motivos se enuncia que el proyecto, que reemplaza una versión presentada por el Gobierno anterior, forma parte de un “proceso sistemático de reingeniería del Estado paraguayo”, cuya meta consiste en “concretar una administración más ágil, previsible, transparente y de puertas abiertas al ciudadano”.
Como su título lo indica, el proyecto crea la “carrera del servicio civil”, lo que en esencia significa que todos los funcionarios públicos, independientemente de la institución a la que pertenezcan, estarán sujetos a las mismas normas, con los mismos rangos salariales y beneficios de acuerdo con el grado que ocupen dentro de un escalafón jerárquico, en el cual se podrá ingresar y ascender exclusivamente por concursos y evaluación de desempeño.
Esto es muy distinto a la señal que da el ministro de Economía apenas comenzado su primer año de gestión. Aunque lo quieran disfrazar y justificar, con sus acciones Fernández Valdovinos ha demostrado que dice una cosa y hace otra. Puede que con ello se haya ganado la simpatía de algunos beneficiados, pero no el respeto ni de ellos, ni del funcionariado en general y mucho menos de la ciudadanía.