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La Cámara Baja dio media sanción, con modificaciones, a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo “que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre cero en nuestras escuelas y sistema educativo) y modifica y amplía la Ley 5210/14 de alimentación escolar y control sanitario”, así como otras dos referentes a la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en las universidades públicas y a la creación tanto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) como del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Por de pronto, vale la pena aludir solo a la alimentación escolar, a ser financiada con recursos del Presupuesto nacional, con el 80% de los del Fonacide y con donaciones o legados.
Según la iniciativa, los gastos del Fonae son prioritarios: los no ejecutados en un ejercicio fiscal se mantendrán para los posteriores, lo que implicaría un reaseguro ante la probable negligencia administrativa. Para promover su buena gestión, se crea un Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), presidido por el ministro de Desarrollo Social, e integrado por sus pares de Educación y Ciencias y de Economía y Finanzas, así como por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República o su equivalente, el presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay y el de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Estas dos últimas entidades –regidas por el Derecho Privado– no deberían formar parte de un órgano que debe controlar la gestión de unos fondos públicos que estarán a cargo, sobre todo, de las Gobernaciones; por tal motivo, la Contraloría General de la República (CGR) desaconsejó que sea incluida en el Conae.
Como la iniciativa en cuestión permite que este órgano invite “en carácter consultivo” a representantes de entidades privadas relacionadas con el uso de los recursos del Fonae, el Consejo de Gobernadores del Paraguay solo podría ser consultado. Dada la pésima experiencia en cuanto la provisión del almuerzo y de la merienda escolares, urge reforzar los controles y penalizar a los corruptos. El proyecto de ley prevé que el Conae, el Ministerio de Desarrollo Social, las Gobernaciones y las entidades públicas y privadas implicadas informen cada seis meses a la CGR sobre la distribución y el destino de los recursos del Fonae, así como sobre su ejecución descentralizada; si de los reportes surgen indicios de la comisión de un delito, la CGR deberá denunciarlo ante el Ministerio Público y dar parte al del Interior para que la Gobernación sea eventualmente intervenida.
Aunque todo funcionario debe denunciar un hecho punible que conozca en el ejercicio del cargo, no está de más que la iniciativa refuerce dicha obligación ni que ordene que quienes incurrieron en malversaciones o negligencias en la alimentación escolar, reparen con sus bienes los daños causados, o sea, que aparte de la responsabilidad penal carguen con la civil, como ya lo dispone la legislación vigente: la novedad sería que esta norma sea en verdad aplicada, para que los corruptos al acecho la tomen en serio. Entre sus fechorías usuales figuran las licitaciones públicas amañadas, así que la CGR, ante la que pueden realizarse denuncias anónimas, debe ponerlas bajo la lupa.
Tanto o más importantes que las reglas citadas son las referidas a la “participación y control de la sociedad”, que hasta ahora han sido inefectivas: se ha venido malversando a ojos vistas, sobre todo en aquellos municipios pequeños o medianos en los que el raudo enriquecimiento de autoridades y funcionarios municipales no podría haber escapado a la atención de los vecinos. En adelante, “la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar para Asunción y los Gobiernos Departamentales de Central y Presidente Hayes, será dirigida y ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, y para los demás departamentos por cada una de sus gobernaciones”. Surge la pregunta de por qué los departamentos citados deberían tener un régimen especial, que priva a sus respectivos gobernadores de una facultad que tendrán sus colegas, rompiendo la igualdad entre ellos; es presumible que se quiera castigar al del departamento Central, Ricardo Estigarribia (PLRA) y que si se marginó a Bernardo Zárate (ANR) fue solo para disimular el sectarismo.
Que sean departamentos aledaños a la capital del país no es razón suficiente para que tengan un tratamiento especial, que rompe la coherencia del modelo, concebido bajo el falaz eslogan propagandístico de Hambre cero. Uno de sus principios –el de la “universalidad en la equidad”– dirige la alimentación escolar “a toda la población estudiantil con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional” para ejercer el derecho a educarse y a alimentarse; se plantea aquí la pregunta de si en cada escuela pública habría que identificar a los alumnos muy vulnerables y alimentarlos solo a ellos, salvo que se presuma que todos se hallan en tal condición por asistir a una escuela gratuita. Como el principio de la “sostenibilidad” habla del acceso permanente a alimentos “durante todos los días del año lectivo”, no habría Hambre cero durante los tres meses de vacaciones; a lo sumo, durante unos doscientos días, excluyendo los fines de semana. El pretencioso eslogan –de claro efecto propagandístico– resulta así engañoso.
Los alimentos deben ser “inocuos, de calidad y nutricionalmente aceptados, que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la población estudiantil y a su rendimiento escolar”: se ignora que médicos pediatras y nutricionistas sean consultados al encargar el menú y que en algún momento se haga un control de calidad a cargo de expertos. La iniciativa no ha sido sometida a suficiente debate: quienes intervinieron con energía ante la versión original del emprendimiento fueron los intendentes, que acabaron siendo compensados por la pérdida de los fondos para la alimentación escolar. Lo esencial es que ella no siga sirviendo para el enriquecimiento ilícito de autoridades departamentales y ahora de hasta ministeriales.
Es preciso que los órganos de control y la ciudadanía vigilen el programa y formulen las denuncias pertinentes, para que los delincuentes no sigan engordando a costa de la desnutrición de los alumnos, incapaces así de sacar provecho del programa Jornada Escolar Extendida. Del fortalecimiento del control institucional y ciudadano depende en gran medida el futuro de las nuevas generaciones y, en especial, el de la menos favorecida. Los once años transcurridos desde la introducción del almuerzo escolar han implicado múltiples corruptelas e ineficiencias que deben ser superadas, echando al basurero de la historia a los corruptos y a los ineptos.