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A pedido del propio oficialismo “arrepentido”, impulsor de la inconstitucional restitución de los fueros a los senadores procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP), la Cámara Alta derogó ayer la insólita medida del “desdesafuero”, en una sesión extraordinaria: sus beneficiarios vuelven a estar desaforados, de modo que sus respectivas causas penales no serán paralizadas. Aunque parezca un trabalenguas de mal gusto, el Paraguay ha presenciado un hecho sin precedentes: hemos asistido al “des-desdesafuero”, que desde luego no existe ni en los diccionarios ni en la vida ajustada al Derecho. El asunto de marras culminó ayer luego de tener en vilo por casi dos semanas a los poderes del Estado, tras las aparentes apariciones de dictámenes de abogados constitucionalistas y luego de que se hubiera aprovechado el inusual “paréntesis” de recuperar los fueros para intentar desvincular de sus respectivos casos al senador Erico Galeano (investigado por lavado de dinero y asociación criminal) y al senador Hernán Rivas (producción mediata de contenido falso en documentos públicos).
Quedaría así sin objeto la acción de inconstitucionalidad promovida el día anterior por el fiscal general del Estado contra la infeliz Resolución N° 502, cuyo pretendido efecto inmediato habría sido detener los procesos iniciados mediante un nuevo blindaje, “inédito e inadmisible dentro de la Constitución”, según el exmagistrado Emiliano Rolón. En la misma fecha, el juez penal de Garantías Osmar Legal, coincidiendo con el agente fiscal Silvio Corbeta e invocando la independencia del Poder Judicial, rechazó la excepción de falta de acción planteada por Erico Galeano, tras la resolución ahora revocada.
Es saludable que el senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Derlis Maidana (ANR, cartista) haya dicho que “a veces cometemos algunos errores”, como el que habría sido inducido por el patrón y presidente virtual de la República, enfadado por el rechazo del desafuero del senador vitalicio Mario Abdo Benítez. A fuer de ser sinceros, la definición gramatical de error (acción desacertada o equivocada) no se compadece con la acepción jurídica de lo aquí ocurrido: una violación de artículos constitucionales y seria intromisión en los asuntos de otros poderes que debería ser castigada por la justicia en un país inspirado por un auténtico Estado de derecho.
En este tren de cosas, se espera ahora que también el titular del Ejecutivo del Paraguay, Santiago Peña, reconozca sin tapujos que se equivocó en sus afirmaciones presidenciales –nacional e internacionalmente– al apoyar el despropósito de la restitución de los fueros, con el argumento de que los procesos ya se estarían prolongando en exceso, una teoría no menos absurda que el de la igualdad ante las leyes, esgrimido en su momento por Basilio Núñez, líder de la bancada cartista. Un mea culpa de Santiago Peña puede evitarnos el bochorno de tener un Presidente que apoya la intromisión de poderes y que ignora por completo un proceso judicial.
A estas alturas, los legisladores oficialistas ya deberían saber que su líder no siempre tiene razón, es decir, que obedecerle a toda costa puede hacer que perpetren gruesos desatinos como el de 2017, que condujo al asalto policial a la sede partidaria del PLRA y al asesinato de Rodrigo Quintana, aún impune. Si las mayorías legislativas se alinearan con los principios y dogmas jurídicos, todos los que votaron por el “desdesafuero” estarían en serios problemas porque han incurrido en violación de garantías constitucionales.
Si Horacio Cartes no siente un especial respeto por la Ley Suprema, por lo menos su discípulo en la primera magistratura debería esforzarse por cumplir con el juramento que prestó al asumirla; también tendrían que intentarlo los pupilos legisladores de su facción y sus aliados oportunistas, aunque quizá sea mucho pedir, porque el poder normativo del dinero resulta bastante fuerte. Empero, hay que mantener la esperanza de que al menos algunos de ellos tengan la dignidad de actuar de vez en cuando según el dictado de su propia conciencia y no de acuerdo a las órdenes de un desaforado, esto es, de alguien “que obra sin ley ni fuero, atropellando todo”. Es de celebrar que en esta ocasión la sangre no haya llegado al río y que se haya abandonado un grosero ataque al orden jurídico, que implicaba intervenir en tres procesos en curso mediante el ejercicio de una facultad extraordinaria ajena a la Constitución.
El repudio de la opinión pública en general y de algunos integrantes del poder Judicial y del Ministerio Público en particular han servido, una vez más, para poner coto a un evidente ultraje al Estado de derecho. Es por ello pues conveniente que la ciudadanía permanezca vigilante para contribuir cuando sea necesario, en el marco de la ley, a frustrar toda maniobra que apunte a supeditar la institucionalidad republicana a los caprichos autoritarios. No está demás recordar que el Acta de la Independencia de la República del Paraguay (1844) dice que ella “nunca jamás será el patrimonio de una persona, o de una familia…”. Por estos días podríamos agregar, “por más adinerada que sea y aunque presida el partido de Gobierno”.
Ayer el civismo ha vuelto a ganar una batalla contra la prepotencia, que ha llegado al extremo de poner al Senado al servicio de una venganza personal; felizmente, este órgano se ha liberado de semejante escarnio, para bien del país, lo que alienta la confianza de que no vuelva a someterse al mismo personaje para evitar más “errores” vergonzosos. También se espera que quien lleva el título de presidente de la República no incurra de nuevo en la ridiculez de sacar la cara por el patrón, recitando un pésimo libreto: el Paraguay no debería aparecer ante el mundo como una vulgar republiqueta, en la que las instituciones responden a un poder político-económico que no surgió de las urnas. Sus miembros no deben actuar como unas pobres marionetas, si es que tienen una pizca de autoestima: los cartistas no deberían tener solo un “honor colorado”, sino también –y sobre todo– uno de carácter personal, que mucho tiene que ver con la dignidad; de sus aliados no vale la pena ocuparse, ya que sus motivaciones son tanto o más transparentes que las de sus “compañeros de ideales” inconfesables.
La República agraviada está ahora de parabienes, por haberse restaurado el Derecho conculcado; no es poca cosa en un país donde la lucha por su vigencia debe ser constante, porque los partidarios de la arbitrariedad son infatigables. Con toda certeza, volverán a la carga en breve, así que los demócratas deben estar preparados, con las armas de la ley en las manos.