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A propósito del acuerdo sobre la tarifa de Itaipú, varios exponentes del Gobierno, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez García de Zúñiga, en una primera instancia informaron que Paraguay quedaba habilitado “de inmediato” para comercializar sus excedentes en el mercado brasileño. Luego el propio Presidente de la República tuvo que desmentirlo y admitir que la alusión en el texto del documento solo se refiere a energía proveniente de otras fuentes, no de la binacional, pero de todos modos el ministro Giménez dijo que servirá “de ejercicio” para estar plenamente capacitados para vender toda la disponibilidad a partir de 2027. Sin embargo, ya estamos prácticamente en junio, las subastas de energía típicamente se realizan en octubre para todo el año siguiente, todavía resta mucho por hacer para que esas ventas sean posibles, y no se mueve un dedo para ello.
De hecho, ya antes de este convenio no existía ningún impedimento formal para la comercialización directa a los distribuidores brasileños de la energía que no fuera de Itaipú, por ejemplo la de Acaray, e incluso Brasil lo había aprobado expresamente en ocasión del acuerdo refrendado por Inácio Lula da Silva y Fernando Lugo en 2009. El que nunca se haya concretado se debe a que, para ello, se requiere una serie de prerrequisitos que dependen exclusivamente de Paraguay y que jamás se han materializado.
Uno de ellos es la sanción, promulgación y reglamentación de un marco regulatorio que establezca las reglas del juego, ya que en esta actividad intervienen no solamente la ANDE como principal oferente, sino también un conjunto de operadores e intermediarios, mayormente privados, tanto del lado de los vendedores como de los compradores y de los financistas.
Pasaron quince años y ningún gobierno, ni el de Lugo, ni el de Federico Franco, ni el de Horacio Cartes ni el de Mario Abdo Benítez, presentó siquiera una propuesta, mucho menos un proyecto de ley en esa dirección. Si la administración de Santiago Peña realmente pretende “ejercitarse” para aprovechar al máximo este negocio, más vale que se apure, porque apenas le quedan unos pocos meses para tener la ley, contactar con expertos e interesados, definir los productos, armar los bloques y convocar a las subastas en tiempo y forma en Hernandarias.
Ello es así por las características propias de las transacciones de paquetes de energía eléctrica en Brasil, en el mercado regional y en todo el mundo. Una de esas características es que estas son ventas a futuro que se pactan en octubre para el año próximo, lo cual le permite al oferente, que en este caso sería la ANDE, hacer las previsiones de disponibilidad de potencia para cumplir su compromiso de provisión, y al comprador hacer las previsiones de financiamiento para cubrir la obligación asumida.
Recordemos que en Brasil el mercado eléctrico está desmonopolizado, por lo que existen alrededor de 150 distribuidores privados que compran la energía y la revenden al consumidor final. No obstante, los que en la práctica realizan las operaciones son en realidad los bancos, en especial los grandes bancos de inversión, que al momento de la transacción emiten lo que se conoce como PPA (Power Purchase Agreements), que funcionan como una especie de carta de crédito. Con ese documento el banco le paga al vendedor en las condiciones establecidas y le financia la adquisición al comprador.
Estos son contratos relativamente complejos, porque no se trata solamente de vender energía eléctrica en abstracto, sino distintos productos muy específicos. Por ejemplo, hay contratos para energía firme y garantizada, con un precio; hay contratos para energía no garantizada, con otro precio; hay contratos mixtos, hay contratos de diferentes plazos, hay contratos llamados “modulables”, que dependen de la disponibilidad en ciertos horarios, y muchos otros.
Por lo tanto, es cierto que Paraguay se tiene que “ejercitar” y preparar como nadie en este campo, porque solo en Itaipú tiene 20 millones de megavatios/hora al año de excedentes, que es una enormidad, equivalente a todo el consumo nacional. El Gobierno ya debería estar elaborando el proyecto de ley para presentarlo en carácter de urgencia y contratando a consultores internacionales que ayuden a adquirir el know how. Pero, que se sepa, absolutamente nada de eso se está haciendo. Por ahora son simples palabras, mientras cada día que pasa el país prácticamente regala su energía y su patrimonio.