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Según la Iglesia católica, gracias a los talentos recibidos todo trabajador procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana de modo que todo trabajo humano honesto, intelectual o manual, “debe ser realizado por el cristiano con la mayor perfección posible”.
Volvamos al Código Laboral que considera el trabajo como derecho y deber social que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, por lo que la ley establece que para el efecto se den las condiciones de manera que se aseguren la vida, la salud y un nivel económico compatible con las responsabilidades del trabajador.
En estos días el presidente de la república bajó línea con respecto al tema de los trabajadores que tienen como patrón al Estado y dijo en resumen que mientras no se eliminen los privilegios indebidos y los planilleros, no habrá autorización para el reajuste de tarifas de los servicios públicos.
¿Qué significa esto? El reconocimiento de la existencia de clientelismo político y corrupción en la estructura del Estado por el máximo exponente de quienes venían sosteniendo lo contrario, pero no solamente en las empresas estatales sino también en la administración central y en los municipios.
Algunos defensores del clientelismo, como el titular de la Essap, no titubearon en reaccionar tratando de tapar el sol con un dedo, pero otros se pusieron a trabajar y enseguida encontraron en sus filas centenares de planilleros o personas con “datos insuficientes” a quienes se emplazó para regularizar la situación antes de ser expulsadas.
Lo extraño fue el caso del intendente municipal de Asunción, quien no se animó a ventilar los nombres de planilleros o como se los denomine invocando el Código Laboral que prohíbe a los empleadores incluir a los trabajadores en listas negras que perjudiquen las posibilidades futuras de los afectados.
¿Qué quiso hacer Mario Ferreiro al ocultar a las personas que cobran por no trabajar en la institución a su cargo?, porque el intendente de Lambaré, por ejemplo, dicen que despidió a más de 500 planilleros sin consecuencia legal alguna y muchos otros intendentes hicieron lo mismo.
No es necesario ser abogado para entender que el Código Laboral es para proteger a los trabajadores y mucho menos para entender que quienes en verdad buscan sanear la administración pública y proteger el dinero de los contribuyentes, lo que pretenden es identificar y luego expulsar a gente que no trabaja y por ende al no trabajar no puede ser denominada trabajadora y en consecuencia ella no puede invocar la protección del Estado.
Celebro sinceramente la voluntad de toda autoridad de respetar los derechos de los trabajadores, pero el caso invocado por Mario Ferreiro y sus asesores de ocultar la identidad de quienes no trabajan no viene al caso.
Es todo lo contrario, es una ofensa al trabajador, al que se levanta temprano, prepara a sus hijos para ir a la escuela, espera el micro, vuelve cansado cerca de la noche y apenas llega a fin de mes con lo que gana, además de vivir en zozobra en un clima de inseguridad, precariedad y necesidades. Cheverõguarã ha’ekuéra la sujetos de la protección del Estado, estimado Mario, ndaha’éi umi otro.
ebritez@abc.com.py