Coinciden en urgencia de reducir corrupción

En esta región de Sudamérica, se observa que los países que lograron el grado de inversión –como Uruguay y Chile– pudieron crecer en tasas que realmente significaron el progreso para sus ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, dos países con grado de inversión son los más exitosos en la región en materia de atracción de inversión extranjera directa (IED): Uruguay, US$ 3.115 millones por año en promedio en la última década en IED; Chile, US$ 14.328 millones. En el caso de Paraguay, que desde hace diez años se mantiene en la calificación BB+ (ver cuadro), alcanzó apenas US$ 336 millones en promedio, conforme a los datos oficiales y que fueron compartidos y debatidos por las organizaciones de referencia.

“Reconocemos la urgente necesidad de combatir la corrupción, un flagelo que afecta gravemente el desarrollo económico y social de nuestro país. Celebramos la iniciativa del Gobierno de elaborar una ‘Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción en Paraguay’, la cual consideramos un instrumento valioso. Valoramos positivamente varios aspectos y acciones propuestas en la ENCC, incluyendo el reconocimiento del papel relevante del sector privado, en conjunto con la sociedad civil, la mejora de procesos y las iniciativas para promover la integridad empresarial”, señala parte del documento firmado por estas organizaciones.

Según el listado de firmantes de dicho documento, se encuentran las cámaras paraguayas de la Industria del Software, de Fintech, de Comercio Electrónico, de Comercio Paraguayo Americana, de Bebidas Alcohólicas. También las asociaciones de Emprendedores del Paraguay, de Mipymes del Paraguay, de Almaceneros Minoristas, de Productores de Cerdos y la Federación Paraguaya de Mipymes.

Asimismo, figuran como parte de la iniciativa el Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este, Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, Asociación de Mujeres, Emprendedoras de Alto Paraná y las organizaciones de la sociedad civil reAcción, Horizonte Positivo y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental.

En el mismo documento, las organizaciones insistieron en que la corrupción representa un obstáculo significativo que afecta el desarrollo, la equidad y la confianza en las instituciones. “La implementación de una ENCC no solo es imperativa desde una perspectiva legal, ética o política, sino que también emerge como un instrumento esencial para impulsar al país hacia el grado de inversión”, se lee en las conclusiones.

También se resalta que recientes evaluaciones de calificadoras internacionales como Fitch y S&P Global Ratings destacan la necesidad de mejoras estructurales, particularmente en la lucha contra la corrupción. Asimismo, informes como el de Gafilat señalan mejoras en el marco normativo relacionado con la prevención del lavado de activos, pero también destacan deficiencias persistentes en la investigación y sanción del lavado de activos.

Pero ¿qué concretamente propusieron estos 14 gremios y tres organizaciones al gobierno de Santiago Peña? Principalmente, hicieron hincapié en la importancia de que en esta lucha estén incluidos el sector privado y la sociedad civil.

“Proponemos desarrollar e implementar una ENCC que fortalezca el clima de inversión mediante la promoción de reglas claras, seguridad jurídica y el cumplimiento efectivo de las leyes, contribuyendo así a crear un entorno propicio para la inversión y el desarrollo sostenible del país. En ese contexto, es fundamental considerar e incorporar acciones que garanticen la participación vinculante del sector privado en el diseño de políticas públicas que le afecten. Se podría considerar incluir acciones que contribuyan a la formalización de un sistema de participación del sector privado en la elaboración de propuestas de regulaciones, así como la promoción de un entorno regulatorio más eficiente y transparente para el desarrollo empresarial y la inversión”, dice el documento.

También, indica que uno de los pilares cruciales para combatir la corrupción de manera efectiva es la promoción de la cultura de la transparencia. La ENCC se enfoca en implementar iniciativas significativas para mitigar los riesgos asociados con la corrupción, especialmente a través de la mejora de procesos, lo cual es esencial en la administración estatal. “Sin embargo, es importante destacar que tener procesos mejorados no garantiza automáticamente prácticas transparentes. Es fundamental que la transparencia se convierta en el principio rector de una política pública, materializándose en la generación y difusión constante de información relevante para diversos sectores de la sociedad”, añade.

Entre otros puntos incluidos en las propuestas, se menciona que en línea con lo establecido en la Estrategia, donde se destaca que el proceso de implementación y seguimiento de la ENCC será liderado por un Consejo de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia, integrado por representantes de los poderes y extrapoderes firmantes, los gremios y organizaciones de la sociedad civil reafirmaron que el papel del sector privado no debería limitarse a ser meros espectadores pasivos.

“Es en estos espacios colectivos de coordinación de la implementación, monitoreo de los avances y seguimiento de los logros donde la participación activa del sector privado es fundamental”, puntualiza parte de las conclusiones.

BB+

La calificación país de Paraguay se mantiene desde hace 10 años en BB+. El siguiente peldaño es el grado de inversión, pero no lo logra por los altos índices de corrupción, principalmente en el Poder Judicial.