Los imputados son Gumercindo Javier Ramírez Schneider, integrante del Área Naval del Comando de la Armada, y Osvaldo Antonio Carísimo Bustamante, dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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Según la investigación fiscal, el incidente ocurrió el 14 de octubre de 2025, a las 16:20, en la zona primaria de la Aduana paraguaya ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad, específicamente en el carril de entrada al país, en esta capital departamental.
Durante un control de rutina, ambos intervinientes inspeccionaron un vehículo conducido por un hombre mayor, quien estaba acompañado por su hijo de 14 años. Según la imputación, en medio del procedimiento se produjo un forcejeo. En ese contexto, el agente naval habría empleado la fuerza para sacar al conductor del automóvil.
El adolescente intentó intervenir en defensa de su padre, pero el uniformado lo sujetó del cuello, le propinó un golpe en la cabeza e incluso lo tomó del cabello.
Asimismo, el funcionario de la DNIT habría ingresado al vehículo por la puerta del acompañante para participar de la agresión y expulsión del conductor del rodado.
Posteriormente, el hombre fue detenido por personal naval con apoyo de otros agentes y trasladado a una base, donde habría permanecido retenido hasta aproximadamente las 21:00. El procedimiento quedó registrado en video, y las imágenes se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.
Constataron lesiones
El Ministerio Público considera que la conducta atribuida al funcionario aduanero se ajusta al delito de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. En tanto, al agente naval se le atribuyen tanto lesiones como privación de libertad, conforme a las disposiciones del Código Penal paraguayo.
La imputación se basa en diversos elementos probatorios, entre ellos actas oficiales, informes institucionales, registros audiovisuales, testimonios de las víctimas, evaluación psicológica del menor y reportes médicos.
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Finalmente, la Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para concluir la investigación y planteó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los procesados.