Según los manifestantes, la antigua sala de clases presentaba filtraciones constantes cada vez que llovía, situación que evidenció el deterioro del techo y motivó la clausura del espacio a mediados de marzo.
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Desde entonces, los niños reciben clases en un espacio extremadamente chico para más de 30 estudiantes en medio de los archivos de la institución, en condiciones extremadamente precarias, sin ventilador o aire y hacinados. Además, no cuentan con baño propio, requisito básico para el nivel inicial.
Los padres explicaron que el problema fue comunicado tanto a la Municipalidad local como a la Gobernación de Alto Paraná. En respuesta, técnicos de la Gobernación realizaron una verificación antes de Semana Santa y confirmaron que la infraestructura representaba un peligro y recomendaron mantener el aula clausurada.
Para la ejecución de obras, desde la Gobernación plantearon dos alternativas a la Asociaciones de Cooperación Escolar (ACEs) que es el llamado a licitación pública, que implicaría un proceso más prolongado, o la transferencia de recursos. Sin embargo, esta última opción requiere la presentación de una serie de documentos, cuyo costo estimado, según los padres, rondaría los G. 10 millones.
Ante la imposibilidad de reunir los requisitos exigidos, los padres decidieron manifestarse esta mañana con bloqueos intermitentes de la avenida Monday, para exigir una solución al problema.
“Queremos solución porque el techo está por caerse, adentro llueve más que afuera y tenemos miedo de un derrumbe. Nos alcanzaría G. 10 millones conseguir todos los documentos y si esa cantidad juntamos nosotros mismo vamos a arreglar el techo. Muchos de los padres tienen más de tres hijos en la escuela y es imposible exigirles dinero”, lamentó Ilder Ocampos, una de las madres de familia.
Supervisora pide a los padres conseguir recurso
Durante la protesta, la supervisora pedagógica del área X de Presidente Franco, Ana Garayo de Fernández, acudió al lugar y pidió a la comunidad educativa a organizarse para cumplir con la documentación para viabilizar la transferencia de fondos.
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La supervisora reconoció la urgencia del caso y aseguró que existen alternativas en análisis, insistiendo en la necesidad de que toda la comunidad educativa se involucre para destrabar el proceso administrativo y acelerar el inicio de las obras de reparación para que los niños no continúen perdiendo clases, considerando que muchos de los padres decidieron no enviar más a sus hijos a la escuela.