Firma que “regula” tragamonedas, de la que poco se sabe, asegura que no es “de maletín”

La empresa iCrop SA aseguró que es una empresa legalmente constituida y que no es “de maletín”; negó además que utiliza la fuerza pública para obligar a comerciantes a someterse al actual catastro de las tragamonedas, que se está realizando en sitios que no son exclusivos de juegos de azar. Fue ayer, día en que los explotadores de estas máquinas salieron nuevamente a protestar en contra de esta firma y de Conajzar.

Explotadores de máquinas tragamonedas se manifestaron frente a Conajzar por el cese del contrato entre iCrop SA y Conajzar. Argumentan que no se cumplen disposiciones legales.
Explotadores de máquinas tragamonedas se manifestaron frente a Conajzar por el cese del contrato entre iCrop SA y Conajzar. Argumentan que no se cumplen disposiciones legales.Gustavo Machado

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Luego de que se descubriera que la empresa citada puede llegar a obtener una ganancia de US$ 1,5 millones al mes, tras dos protestas en su contra y duros cuestionamientos por parte de senadores en la sesión extraordinaria del pasado martes, iCrop SA rompió el silencio y mediante un comunicado firmado por Ariel Peña, su gerente general, aseguró que no es una empresa de “maletín” y que funciona legalmente. La compañía mantiene un contrato directo con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, con el cual se le autorizó a realizar censo, catastro y explotación de máquinas tragamonedas en salones no exclusivos de juegos de azar del país, así como la potestad de subcontratar a terceros para cumplir su misión.

Peña recordó que en 2019, iCrop SA presentó un proyecto a Conajzar con el cual ofreció una plataforma tecnológica de censo y catastro de máquinas tragamonedas en sitios que no sean salas de juegos de azar, tales como bares, cafeterías, pubs, restaurantes, quioscos, bodegas y similares, y que la propuesta fue autorizada mediante la Resolución N° 34/2020 de dicha Comisión. Destacó que la firma “no cobra canon, no fiscaliza ni controla las actividades de juegos de azar”.

Acuerdo “voluntario”

Uno de los cuestionamientos hacia iCrop ha sido su incompetencia en cobrar la tasa por la explotación de las máquinas, una función que compete a las municipalidades. Al respecto, el gerente general de la firma aseguró que se puede comprobar que no trasgrede las normas con sólo leer el detalle de la factura que emite, aunque según corroboró ABC, el concepto de cobro dice “explotación de máquinas de juegos de azar”. La descripción de ese concepto se basa en el “reglamento aprobado, lo cual constituye un acuerdo comercial y voluntario con terceros de (abonar) G. 300.000 por máquina catastrada”.

No precisó, sin embargo, quiénes son las partes involucradas en la fijación del precio “voluntario”, ya que los comerciantes sólo son notificados del monto que deben pagar y desde Conajzar se informó que iCrop SA es la que establece el valor de cobro que considere justo por sus gestiones de censar y catastrar. Incluso, esta institución señaló que la empresa privada sólo debe asegurar la transferencia del canon, consistente en un jornal mínimo por máquina, al mes (G. 88.051 actualmente). De esta manera, se evidencia que la firma privada se queda con el 70% de las recaudaciones y Conajzar, apenas el 30%.

En cuanto a la extorsión, fiscalización y control de la actividad, otra de las denuncias contra iCrop por parte de explotadores de tragamonedas, Peña sostuvo que “los acuerdos comerciales a los que ha arribado son de carácter voluntario y forman parte de una dinámica empresarial legal”. Sin embargo, ABC recogió diversos testimonios, que están respaldados con vídeos y fotografías, con los cuales se evidenciaron que representantes de iCrop SA recorren los negocios acompañados de agentes policiales de la unidad especializada de Delitos Económicos para informar que deben someterse al censo y catastro de la empresa; caso contrario, la explotación de la máquina será considerada como actividad clandestina y los comerciantes se exponen a ser procesados por el Ministerio Público.

Visita informativa, pero con amenazas

Los comerciantes son obligados por la Policía a facilitar sus datos personales y recibir una acta del procedimiento policial para considerarse como enterado de la actualización de la norma, así también se toman fotografías de la fachada del local como parte de la evidencia recabada, conforme se puede apreciar en el vídeo. Los uniformados exigen los datos personales y anuncian que de no regularizarse, su actividad será considerada como ilegal y se expone a ser procesado por el Ministerio Público.

Al respecto, no se logró una respuesta de iCrop SA. Sin embargo, la firma aseguró que su trabajo consiste en “relevar los datos de las máquinas con el objetivo de brindar información almacenada y ordenada en una herramienta tecnológica puesta a disposición de la Conajzar, como ente regulador, para que el Estado cuente con los datos que hoy no tiene sobre la cantidad y ubicación de dichos aparatos, a fin de proceder en consecuencia conforme a sus facultades”.

Agregó que a la fecha registraron 17.117 máquinas, cantidad que presentó mediante declaración jurada y que fue catastrada (con cobro efectivo del canon) por 1.279 aparatos. Esta cantidad de máquinas representó el ingreso de G. 107 millones al Estado, y en contrapartida, por las gestiones, reportó una ganancia de G. 271 millones para la firma privada, que es el 70% de las recaudaciones.

Direcciones no coinciden con registros oficiales

Peña afirmó que cuenta con dos oficinas, una ubicada en el kilómetro 3,5 de la Supercarretera, en la ciudad de Hernandarias (sin especificar el número del local) y la otra en Asunción, sobre la calle Santa Teresita N° 168 esquina Palo Santo, en el barrio Loma Pyta, además de “otras sucursales que se van estableciendo en el país”, aunque sin precisar detalles.

Conforme a la investigación hecha por ABC, la empresa declaró en instituciones públicas como su dirección “Supercarretera N° 9038″, pero allí su sede no fue localizada. De hecho, en la factura que entrega a sus clientes cita esa dirección y no existe referencia alguna en su página web. Tampoco se detectó su experiencia en el rubro ni la firma respondió al respecto, hasta ahora.

Fiscala general pide informes

La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñonez, conformó un equipo de fiscales para investigar la explotación clandestina de juegos de azar en Asunción y Central, y son parte Isidro Alcides Corvalán, Sandra Ledesma y Luis Fernando Chamorro.

Además, solicitó a todos los agentes fiscales de las citadas jurisdicciones un reporte las intervenciones hechas por el citado hecho punible con el detalle del inventario de los casos, el estado de las causas y las evidencias existentes, así como el lugar de depósito de las mismas, en 8 días, plazo que se cumple la semana que viene.

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