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Los peritos acusadores de la Plataforma Ética Ciudadana, un emprendimiento del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) y la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional, ratificaron en plenaria que, de acuerdo con el Informe Final de la Contraloría General de la República (CGR) y al análisis de la documentación oficial de Itaipú, los principales responsables de la gestación y aceptación ilegal de la deuda espuria de Itaipú, de US$ 4.193 millones, al 31 de diciembre de 1996, en perjuicio del Estado paraguayo, son el ex dictador Alfredo Stroessner y el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, así como sus colaboradores inmediatos en cada caso.
El presidente del Cipae, monseñor Mario Melanio Medina, leyó la opinión final de los peritos, resaltando que consideran responsables de trabar y demorar el avance de la auditoría de la deuda de Itaipú al expresidente Horacio Cartes. Además sostienen que el actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, “es gravemente responsable por desconocer el Informe Final de la CGR del 19 de julio del 2021 y por no reclamar que Itaipú, de inmediato, cese de pagar una deuda “ya pagada por demás al capital financiero brasileño, a través de Eletrobras, causando, hoy mismo, un perjuicio de millones de dólares diarios a la República”.
Los peritos acusadores Ricardo Canese, Miguel Carter y Juan A. Pozzo Moreno argumentan su opinión final basados en el Informe Final de la CGR, que consideran se ajusta totalmente al Tratado de Itaipú y a toda la documentación oficial del caso.
“Los cálculos y resultados expuestos por la CGR han sido correctamente realizados con apego a las normas vigentes. La conclusión final de la CGR, que la deuda espuria es ilegal está, consiguientemente, totalmente bien fundada y refleja plenamente las normas vigentes”, manifiestan.
Asimismo, indican que esta Plataforma Ética decidió, además, remitir el análisis realizado y estas conclusiones al presidente de la República, al Canciller Nacional, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, a la ANDE, a Itaipú Binacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República.
“Nos comprometemos a llevar a cabo, por otra parte, una campaña de educación cívica y de difusión sobre el tema, en base a materiales didácticos y populares sobre ésta y otras cuestiones relevantes de Itaipú”, agregan.
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Asimismo sostienen que, en base a las exigencias de las comunidades Avá Guaraní Paranaenses a Itaipú Binacional, sobre sus derechos humanos y el etnocidio sufrido, se comprometen a llevar a cabo una Plataforma Ética sobre tal cuestión social a la brevedad, así como sobre la terrible destrucción del ambiente en el entorno de Itaipú.
Finalmente, también se comprometen a darle continuidad a estos foros de reflexión, debate, denuncia y presentación de evidencias en todos los temas indicados, con vistas a la revisión del Anexo C de Itaipú en el 2023. Sobre todo, a lo que hace a la soberanía hidroeléctrica y a un precio justo por la energía que no consumimos, así como al buen uso de la renta eléctrica, al buen uso de nuestra energía para un desarrollo sustentable del país, en particular para la generación de empleo digno, a la energía eléctrica como un derecho humano y al mejoramiento de la calidad del servicio público de electricidad.
Sobre la respuesta de Wasmosy
“Los cálculos y resultados expuestos por la CGR han sido correctamente realizados con apego a las normas vigentes. La conclusión final de la CGR, que la deuda espuria es ilegal está, consiguientemente, totalmente bien fundada y refleja plenamente las normas vigentes”, manifiestan.
Asimismo, indican que esta Plataforma Ética decidió, además, remitir el análisis realizado y estas conclusiones al presidente de la República, al Canciller Nacional, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, a la ANDE, a Itaipú Binacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República.
“Nos comprometemos a llevar a cabo, por otra parte, una campaña de educación cívica y de difusión sobre el tema, en base a materiales didácticos y populares sobre ésta y otras cuestiones relevantes de Itaipú”, agregan.
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Por ello, aseguró que el responsable de esta ilegal decisión, del Acuerdo de Sao Paulo, adoptado según RCA N.º 006/97, fue el presidente de entonces, Juan Carlos Wasmosy. “Si él no estaba de acuerdo con lo que sus designados proponían, tenía todas las atribuciones para sustituirlos. No lo hizo, por lo cual es el principal responsable. Por supuesto, también son responsables sus colaboradores inmediatos en el tema, pues no existe la obediencia ciega. El funcionario debe responder a los intereses de la nación y si el Presidente de la República le ordena perjudicar a los intereses del Paraguay, debe renunciar a su cargo, cuanto menos”, argumentó
El parlasuriano comentó que cómo Plataforma Ética se le remitió a Wasmosy el análisis hecho por los Peritos, y que este respondió por whatsapp, dirigiéndose al monseñor Medina, del Cipae, que no iba a responder por escrito, aunque envió un largo mensaje por escrito por dicho medio digital. “En realidad, Juan Carlos Wasmosy no rebate absolutamente nada de lo concluido por el contralor, ni en nuestro análisis como peritos. Lo que intenta apenas es deslegitimar nuestra Plataforma Ética, tildándola incorrectamente como un ‘Tribunal Popular’, acusándonos poco menos de comunistas, como en los viejos tiempos de la dictadura”, enfatizó.
Agregó que cuando no hay argumentos, con los ataques ideologizados lo único que demuestran es falta de argumentos. “Wasmosy no pudo rebatir uno sólo de los documentos oficiales utilizados como base por la Contraloría para llegar a la conclusión de que la deuda espuria de Itaipú es ilegal. Ni uno solo de los analizados por nosotros tampoco. Además, lo que hacemos como Plataforma Ética no es juzgar, con efecto jurisdiccional, a él ni a nadie. Lo que hacemos es opinar, hacer uso de la libertad de expresión que nos garantiza la Constitución. Opinamos, además, sobre un hecho, que es el Informe Final de la Contraloría, nada menos que el máximo órgano de Control de la República”, expuso el Ing. Canese.
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Se preguntó si acaso Wasmosy cree que vivimos todavía en la dictadura de Alfredo Stroessner, “cuando él se enriqueció monumentalmente, justamente en Itaipú, junto a otros ‘barones de Itaipú' y que nadie puede expresarse libremente?”.
Opinión de los peritos
Por su parte, el perito Pozzo Moreno, resaltó el deber de denunciar “a estas autoridades incompetentes y venales, que causaron tanto perjuicio al Paraguay”, considerando que el país no debería haber estado en esta situación de problemas de educación, de salud y de trabajo, siendo un país inmensamente rico, “pero hurtado por nuestros ocasionales gobernantes”.
Asimismo, el perito Miguel Carter, habló de lo escandaloso que es el despojo de la riqueza paraguaya que se generó en Itaipú. Anunció además el lanzamiento de un nuevo libro sobre el tema para el próximo año, en el que en una de las gráficas se ve que el principio del tratado es 50% y 50% de la copropiedad. “Esto debe generar una riqueza básicamente simétrica, pero cuando uno hace los cálculos de todo lo que generó Itaipú en riqueza monetaria, descubre que Brasil se llevó el 86% de la riqueza y Paraguay solo el 14%. El tema de la deuda espuria, es solo uno entre tantos”, alegó.
También tomaron el micrófono en esta plenaria Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina; el excontralor Octavio Airaldi; el dirigente campesino Darío Acosta, entre otros.